El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual 2018 sobre Derechos Humanos, en el que apunta a la situación en Venezuela, envuelta en una crisis política sin precedentes.

El informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista, pero advierte que «durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido con un ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y de los ciudadanos».

EE.UU. ha desconocido el mandato de Nicolás Maduro, que cataloga de «ilegítimo» y respalda firmemente al gobierno encargado que lidera Juan Guaidó desde el pasado 23 de febrero. El informe reitera que el proceso electoral celebrado en mayo de 2018 fue «profundamente defectuoso».

El informe agrega que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en el 2018 «ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos (grupos armados patrocinados por el gobierno); tortura por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida; y (la existencia de) presos políticos».

Además indica que el gobierno restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación. Al mismo tiempo señala que el gobierno en disputa utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas.

«Otros temas incluyeron restricciones a la participación política en forma de elecciones presidenciales en mayo que no fueron libres ni justas; Corrupción e impunidad generalizadas entre todas las fuerzas de seguridad y en otras oficinas gubernamentales nacionales y estatales, incluso en los niveles más altos; trata de personas; y las peores formas de trabajo infantil, que el gobierno hizo un mínimo esfuerzo para eliminar», dice el informe.

También sostiene que Maduro no tomó medidas efectivas para investigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, agudizando la impunidad en estos casos.

La privación de libertad arbitraria por motivos políticos es señalado en el informe respecto a Venezuela, así como la falta de estadísticas oficiales sobre ejecuciones extrajudiciales reportadas por las organizaciones no gubernamentales.

El informe detalla casos de allanamientos de viviendas de opositores a Maduro. Señala a organismos que responden a las órdenes de Maduro como la Guardia Nacional (GNB), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Venezolana (PNB), el Comando Nacional de Antiextorción y Secuestro y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El informe cita a periodistas de investigación, quienes hacen referencia a la muerte de 147 personas menores de 20 años que habrían sido asesinadas en el área metropolitana de Caracas entre enero y agosto del 2018.

«De esas muertes, 65 fueron cometidas por la policía», explica el informe. «No hubo avances en los casos de manifestantes asesinados en 2017», agrega, en alusión a unas 125 personas que murieron en protestas desde abril hasta julio de 2017.

Según el Ministerio Público, el 65 por ciento de estas personas fueron víctimas de la represión gubernamental.

Sin embargo, el informe del Departamento de Estado dijo que «no hubo informes de desapariciones» que puedan achacarse a las autoridades gubernamentales.

Tortura y tratos crueles

El texto expresa que «pese a que la constitución prohíbe tales prácticas, hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad torturaron y abusaron de los detenidos». También dice que «no hubo informes de ningún funcionario del gobierno acusado por la ley».

Tampoco la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año».

Pero varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, detallaron casos de torturas generalizadas y «tratos crueles, inhumanos y degradantes». También grupos de derechos humanos informaron que el gobierno continuó influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva.

«No se disponía de datos sobre investigaciones, procesamientos o condenas en casos de presuntas torturas. Foro Penal sostuvo que cientos de casos no fueron denunciados a instituciones gubernamentales porque las víctimas temían represalias», dice el informe estadounidense.

También alude a informes de la prensa y las ONGs «sobre las palizas y el trato humillante de los sospechosos durante los arrestos» y donde estarían involucrados varias agencias policiales y militares.

Entre los tratos crueles se enumeran la negativa a dar atención médica a los detenidos y largos períodos de confinamiento solitario.

«Las ONG también publicaron informes de que las autoridades generalmente maltrataron, abusaron sexualmente y amenazaron con matar a los detenidos», dice el texto.

La directora ejecutiva del Instituto Casla para el Estudio de América Latina, Tamara Suju, y el abogado de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez denunciaron 357 casos de abuso físico, presunta tortura y violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra presos políticos ante la Corte Penal Internacional. Entre los 357 casos, hubo 190 denuncias de violación o abuso sexual.

Las cifras

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que había 51.693 reclusos en las 41 prisiones y centros penitenciarios del país y un estimado de 33.000 reclusos en las cárceles de la estación de policía en 2017.

Mientras que la ONGs informaron que los registros de los detenidos no se mantenían correctamente y que a menudo contenían información incompleta.

Según la ONG A Window to Liberty (UVL), la capacidad era de aproximadamente 19.000 presos para los centros penitenciarios y 5.000 para las cárceles de la estación de policía. El hacinamiento fue del 172 por ciento para los penitenciarios y 415 por ciento para las cárceles de las comisarías de policía, aunque la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que en algunas cárceles el hacinamiento osciló entre 800 y 1.200 por ciento.

Había dos prisiones para mujeres, una en el estado Miranda y otra en el estado Zulia. La ley estipula que las mujeres en prisiones mixtas deben ser mantenidas en anexos o en bloques separados para mujeres.

«Una ONG local informó que en la práctica los presos hombres y mujeres se mezclaron. Las fuerzas de seguridad y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo mantenían a los menores junto con los adultos, aunque existían instalaciones separadas», puntualiza el informe.

Arrestos y el papel de la policía

El texto cita a la ONG como Foro Penal, COFAVIC, el Instituto de Prensa y Sociedad, Espacio Público y PROVEA, quienes observaron que al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias.

«La corrupción, la capacitación y el equipo inadecuados de la policía y la financiación insuficiente del gobierno central, especialmente para las fuerzas policiales en los estados y municipios gobernados por funcionarios de la oposición, redujeron la eficacia de las fuerzas de seguridad. Hubo informes continuos de abuso y participación policial en delitos, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y el uso excesivo de la fuerza», explica.

«La impunidad siguió siendo un grave problema en las fuerzas de seguridad», afirmó el informe.