SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) informó este jueves que “ni las delaciones premiadas ni ninguno de los documentos solicitados y recibidos por las autoridades de Brasil hasta la fecha, contemplan pagos por sobornos para la Termoeléctrica Punta Catalina, pero que de corresponder esta información a sobornos, actuarán con la misma determinación y responsabilidad con la que siempre han actuado”.

En una nota de prensa, a propósito de informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y la periodista Alicia Ortega, de que Odebrecht habría pagado US$39 millones en sobornos para Punta Catalina, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, informó que “ha iniciado las diligencias para establecer la veracidad de las informaciones y el origen de las mismas, a los fines de verificar si alguno de estos pagos corresponde a sobornos adicionales a los US$92 millones que la empresa admitió pagar en el país para obtener contratos de obras públicas” y por los cuales seis imputados fueron enviados “al primer juicio de fondo de corrupción transnacional en la historia de la República Dominicana”.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República recordó “que un caso de corrupción tan complejo como Odebrecht, para lograr descubrir su entramado y convertir en prueba los sobornos realizados en nuestro país, en adición a la investigación local, las dos principales fuentes de información externa correspondieron primero a la información en manos de las autoridades brasileñas y estadounidenses y segundo a la que se comprometió a entregar la empresa y que, precisamente a esos fines, fueron agotadas todas las solicitudes de cooperación internacional necesarias para lograr el objetivo”.

Procuraduría recordó que solicitó formalmente entre otros países, a Estados Unidos y Brasil, el suministro de toda la información en su poder relativa al caso Odebecht y República Dominicana, sin excepción y sus fiscales a cargo del caso Odebrecht viajaron a ambos países, sin recibir a la fecha esa información adicional presentada como posibles nuevos sobornos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Asimismo subrayó que “el representante del Ministerio Público que para lograr pruebas contundentes y someter los responsables a la justicia, al igual que Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, Ecuador y Guatemala, la República Dominicana logró un Acuerdo de Colaboración con la empresa Odebrecht en la cual la misma se comprometía a suministrar, sin limitación, toda la documentación e información que poseía, conocía y conservara de los hechos vinculados a la República Dominicana y que esta información fue entregada por la empresa, revisada por el Ministerio Público de Brasil y enviada directamente por el Ministerio Público de Brasil como toda la presunta información disponible correspondiente a sobornos en nuestro país, debidamente, rubricada, numerada y sellada, la cual fue posteriormente depositada íntegramente y en su totalidad, junto a su traducción oficial al español, ante el juez de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco Ortega Polanco, quien por sentencia confirmó la validez de dicha documentación y envió a juicio de fondo a 6 imputados, resaltando que esa documentación, que hoy es pública, no incluye la nueva información que ha sido publicada como posible nuevo soborno”.

Solicita datos a Odebrecht y Alicia Ortega

“A partir de las informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación respecto a presuntos pagos adicionales para la obtención del contrato de la central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina y de otras obras, el procurador general de la República solicitó tanto a la empresa Odebrecht como a la periodista Alicia Ortega la documentación a que hacen referencia para proceder con la evaluación de las mismas”, indicó la Procuraduría.

Asimismo, destacó las declaraciones del procurador de que “si existen evidencias y se comprueba que esos nuevos pagos son reales y que corresponden a sobornos adicionales u a otras personas adicionales que los hayan recibido, todas las que sean identificadas como responsables, serán sometidas a la acción a la justicia, tal y como hemos hecho con un grupo de imputados como nunca se había realizado antes”.

De igual manera, resaltó que la documentación presuntamente filtrada no solo fue solicitada a Brasil y Estados Unidos y a la propia empresa, sino que tampoco fue detectada ni considerada por la comisión designada por el Poder Ejecutivo, para determinar si hubo sobreevaluación ni tampoco por la prestigiosa empresa auditora norteamericana, FTI Consulting, quienes al igual que la Procuraduría General de la República desconocían la existencia de dichas informaciones y si estas corresponden a sobornos.

En el comunicado de prensa la institución reiteró: “El procurador general de la República acepta con apertura y receptividad cualquier información adicional y que pueda ser verificada, ya que cualquier nueva evidencia y/o elemento que se aporte, permitirán fortalecer el expediente para los actuales imputados o para someter a la justicia cualquier otra persona que haya recibido sobornos”.

Destacó “que una prueba que evidencia la coherencia del accionar del Ministerio Público en cuanto a la receptividad en caso de que aparecieran nuevos elementos, lo constituye el acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y la constructora Odebrecht, debidamente homologado mediante resolución No. 059-2017-SRES-0098-RP, en el cual en su artículo 4, estratégicamente el Ministerio Público deja abierta la posibilidad de que en caso de que las investigaciones arrojaran que el monto de los sobornos fuese mayor, igualmente sería aumentada la multa por el doble del nuevo soborno, lo cual, a juicio de la institución sería beneficioso para el país y en detrimento de eventuales sobornantes y sobornados”.