Con 19 pisos, la torre consta de 36 apartamentos de 450 metros cuadrados cada uno, a un precio por unidad de RD$45 millones, según se anunció al momento de la inauguración.

Un trabajo periodístico publicado por Diario Libre, cuando ya se iban a entregar los apartamentos la torre, cita que “Aunque al principio atrajo a 15 propietarios, la venta de los apartamentos se vio interrumpida cuando en marzo del 2010, las autoridades españolas se incautaron de 1,200 kilos de cocaína, en un contenedor del buque Nordsea que salió del Puerto Caucedo, en el país.

Días después de la incautación, “Don Arturo del Tiempo”, como se le llamaba entonces, fue detenido como responsable del cargamento que iba en un contendor a nombre de una de sus empresas dedicada en el país a la exportación de materiales de construcción.

En medio de las investigaciones, la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó el “secuestro” de la torre, designando como secuestrario al Banco de Reservas.

Al año siguiente, en febrero del 2011, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito ordenó la adjudicación al Banco por un monto de US$34.7 millones, a fin que pudiera cobrar la deuda.

La adjudicación se hizo en un proceso de licitación al que no se presentaron licitadores, y que previamente había sido pospuesto varias veces. Como condición del proceso, el banco debía reconocer a 13 de 15 propietarios que habían pagado por los apartamentos y, luego de cobrarse la deuda de los US$15 millones, entregar el dinero restante a la Unidad de Lavado de Activos, de la Procuraduría.

Durante el 2010, las empresas constructoras de la Torre fueron objeto de varias demandas. Por un lado, los supuestos socios de Del Tiempo que buscaban salvar su participación accionaria, y por el otro, los trabajadores en su construcción que pedían les pagaran sus prestaciones. Más de 86 de esos trabajadores se lanzaron a las calles a protestar en reclamo del pago, e incoaron un recurso de embargo inmobiliario, rechazado después por la Corte de Trabajo del Distrito. Sin embargo, ese tribunal falló en septiembre de ese mismo año a favor de que las empresas Prado Universal y Grupo Inmobiliario P&P les pagaran las prestaciones laborales.

Fuente. DL