La Junta Central Electoral aprobó el conteo manual y el voto automatizado que fuera presentado a los partidos políticos el pasado 21 de noviembre del año en curso, incluyendo la incorporación de un lector de huellas dactilares, “a los fines de garantizar la integridad inequívoca de la identificación del votante”.

Este tema ha concentrado la atención política del país desde la celebración de las primarias abiertas del pasado 6 de octubre, donde el Partido de la Liberación Dominicana se dividió por una diferencia en los resultados de cerca de 30 mil votos.

En ese proceso electoral, el entonces presidente del PLD, Leonel Fernández, denunció un fraude electrónico en su contra para beneficiar a Gonzalo Castillo, el candidato aupado por el sector danilista en la organización morada.

El presidente de la JCE había adelante que este jueves emitirían su posición sobre la utilización de los equipos automatizados, y además advirtió que estaban contra el tiempo para realizar la auditoría y usar esos equipos en los comicios del mes de febrero.

Seis partidos habían depositado ante la Secretaría de la Junta Central Electoral (JCE) un documento con el que expresaron su oposición al uso del sistema de voto automatizado para las elecciones nacionales de febrero y mayo de 2020.

Los partidos firmantes fueron el de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y/o Fuerza del Pueblo, Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y el Partido Unidad Nacional (PUN).

En tanto que el PRM, el principal partido político opositor, aseguró previamente que era “indispensable” la realización de la auditoría del sistema antes de los comicios municipales de febrero.

Además señaló que para “fines de determinar la viabilidad del voto automatizado” para las elecciones municipales de febrero de 2020, se debe de realizar la auditoría post-mortem “para despejar cualquier tipo de dudas sobre el mismo”.  Sobre la elección de una firma que realice la auditoría, en el documento se recomienda una “firma independiente”, pero no ofrece nombre de alguna, y señala que esta esté a su vez acompañada por delegados de los partidos políticos.