SANTO DOMINGO. El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, se dirigió este lunes al pueblo dominicano donde puso su posición sobre el tema salud, modificación constitucional, economía, entre otros.

A continuación el discurso integro de Fernández:

Pueblo Dominicano:

En nombre de nuestro partido, La Fuerza del Pueblo (FP), me dirijo a ustedes esta noche para compartir nuestros puntos de vista y perspectivas acerca de la situación por la que en estos momentos atraviesa la República Dominicana.

Al asumir su mandato el 16 de agosto del 2020, el actual gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se encontró con una situación de crisis de múltiples dimensiones, ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Reconocemos y valoramos que el gobierno ha desplegado encomiables esfuerzos por mitigar los efectos de esa enfermedad contagiosa, así como el de reactivar el crecimiento de nuestra economía nacional.

Al ser el Covid-19 una tragedia de carácter global es evidente que todo lo que acontezca en torno a su propagación y sus consecuencias económicas y sociales, repercuten en nuestro país.

Salud

El principal desafío, a nivel mundial, para combatir la pandemia fue encontrar una vacuna adecuada. Se logró en tiempo récord, en menos de ocho meses. Normalmente, la elaboración de una vacuna toma tiempo, a veces hasta entre 10 y 15 años, pero los esfuerzos de colaboración entre los miembros de la comunidad científica internacional permitieron obtener ese milagro en tan corto tiempo.

En la República Dominicana se contrató la vacuna AstraZeneca, fabricada en La India, con una licencia de dicha firma y la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Lamentablemente, la referida empresa farmacéutica no pudo cumplir sus obligaciones contractuales, a pesar de habérsele pagado, como tampoco las pudo cumplir con varios otros países de Europa.

El fracaso del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para proveer del fármaco a los países en desarrollo, obligó al gobierno dominicano a la búsqueda de la única alternativa viable en el momento: la vacuna Sinovac, elaborada en la República Popular China.

De una meta de vacunar a 7.8 millones de personas para fines de este año, el 80 por ciento de estos, es decir, 6,2 millones, para junio, en la actualidad han recibido una dosis 5.7 millones y dos dosis 4.5 millones de ciudadanos. Por consiguiente, a agosto de este año, todavía faltaban 1.7 millones de personas por vacunar para completar la meta propuesta para junio del año en curso.

Debido a una disminución del cúmulo de ciudadanos que en estos momentos acude a vacunarse, es lógico suponer que desafortunadamente tampoco se alcanzará la meta deseada en el plazo previsto.

La decisión adoptada por el gobierno dominicano de aplicar una tercera dosis de la vacuna, a los 30 días de completado el ciclo, con un tipo de fármaco diferente, sin una clara explicación del por qué, encontró una oposición por parte de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que la condicionaron a la realización de estudios científicos que certificaran su necesidad y viabilidad.

En estos días hemos visto que en los Estados Unidos, la  Agencia Federal de Drogas (FDA), ha autorizado la aplicación de una tercera dosis del fármaco, pero luego de cumplir con tres condiciones: primero, que se llevaran a cabo los ensayos clínicos necesarios; segundo, que hubiesen transcurrido 8 meses, no 30 días, después de la aplicación de la segunda dosis; y tercero, que se utilizara la misma vacuna que en el ciclo inicial, que en el caso norteamericano han sido las vacunas Pfizer-BioNTec, Moderna y Johnson & Johnson.

A parte de lo relacionado con el Coronavirus hay otras áreas del sector salud, que no han sido debidamente atendidas por parte de las actuales autoridades.

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la hipertensión arterial, la diabetes, y la insuficiencia renal, que han traído como consecuencia, aumento de morbilidad y muertes que pudieron haberse evitado.

En el área de atención primaria, hay un abandono total. Predomina una inadecuada infraestructura y equipamiento, donde a veces falta hasta el agua, así como desabastecimiento de insumos y medicamentos.

En los centros hospitalarios, a nivel nacional, hay una baja capacidad resolutiva, lo cual se refleja en largas listas de espera para consultas especializadas, tardanzas en programación de cirugías electivas, escasez de pruebas de laboratorios y otros estudios diagnósticos.

Más aún, hay una falta de recursos humanos, técnicos y profesionales, causada por las indiscriminadas cancelaciones de profesionales y técnicos de alta calificación en el área.

Economía

En lo que concierne a la economía, es preciso señalar que de conformidad con datos ofrecidos por el Banco Central, durante los primeros seis meses de este año, 2021, la economía dominicana creció 13.3% y se pronostica que, para el año, en su totalidad, crecerá en 7.5%.

Parecen cifras astronómicas, pero en verdad se trata de un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el 2020, que fue de -6.7% del PIB.

No obstante, cuando se establece una relación entre los resultados del crecimiento económico del 2021 con los del año anterior a la pandemia, el 2019, resulta que la proyección real de crecimiento para el 2021 es tan solo de 0.3%.

Fíjense ustedes, de una proyección de crecimiento, por rebote estadístico, de un 7.5% a una realidad de solo 0.3%.

Se trata, por consiguiente, de un crecimiento relativo, lo cual pone en evidencia que utilizando cifras fuera de contexto, se puede confundir al pueblo mediante una manipulación estadística que no refleja la que realmente acontece en los hogares dominicanos.

A pesar de los logros obtenidos por las actuales autoridades en mantener la estabilidad macroeconómica y un clima adecuado para la inversión, a los fines de que el país pueda salir de la crisis, lo cierto es, sin embargo, que todavía estamos en una fase embrionaria de recuperación de lo que habíamos alcanzado antes de la pandemia.

En tal virtud, saludamos el empeño que ha puesto el gobierno en un importante sector productivo nacional como es el turismo. Pero aún tenemos un camino que recorrer para la total recuperación de la industria sin chimeneas de nuestro país.

Por supuesto, muchas de las razones escapan al gobierno, pues también, por motivo de la pandemia del Covid-19 y sus variantes, importantes mercados para el envío de turistas aún permanecen cerrados para visitar nuestro país.

Como consecuencia, todavía tenemos hoteles cerrados en notables polos turísticos que dependen de esos mercados. En la Fuerza del Pueblo aspiramos a que continúe ese empeño y esfuerzo gubernamental en asistir a ese sector para que logre el esplendor, la contribución a nuestra economía y a la generación de empleos que tuvo previo a la propagación del virus.

Como parte del proceso de reactivación económica es importante hacer referencia al papel significativo que han tenido las remesas enviadas por nuestros abnegados compatriotas en el exterior, siempre dispuestos a manifestar su solidaridad, aún en circunstancias adversas para ellos mismos.

Durante los primeros siete meses de este año, de enero a julio, hemos recibido 6,159 millones de dólares, lo que representa un aumento de 1,856 millones con respecto al mismo periodo del 2020, equivalente al 43.2%.

Esos recursos que ingresan al país son de una importancia tal, que en la actualidad resultan determinantes en el presupuesto del 50% de nuestros hogares.

Es de reconocer que esos envíos del exterior, principalmente de los Estados Unidos, se ha debido a la política de expansión monetaria del gobierno norteamericano que ha emitido 6 trillones de dólares para hacer crecer su economía.

Esa expansión monetaria, al mismo tiempo, ha contribuido a ampliar la reactivación del resto de la economía mundial; y naturalmente, también, de la economía dominicana.

Como consecuencia del impacto económico del Covid-19, nuestra economía, que en el 2019 tenía un producto interno bruto ascendente a 89 mil millones de dólares, experimentó, en el 2020, una caída de 10 mil millones.

Hablar de recuperación económica significa, en primer término, recuperar esos 10 mil millones de dólares perdidos en nuestra capacidad de producción de riquezas. Eso, claro está, no se logrará este año. Con vientos a favor podría, tal vez, lograrse en el 2022; pero lo más probable, sin embargo, es que lo podamos alcanzar en el 2023.

Así pues, aunque nos encontramos, afortunadamente, en un proceso de reactivación, no podemos perder de vista lo que ocurre en el plano global, donde todavía persisten efectos de la pandemia, ahora con sus múltiples variantes y una situación económica que, debido al fenómeno de expansión monetaria estadounidense, ahora tiene que enfrentarse a los efectos indeseados del crecimiento de la deuda y de la inflación.

Por todo eso, cobra sentido la advertencia expresada por la CEPAL, al estimar como una paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe, el que el rebote económico no asegura un crecimiento sostenido.

De todas maneras, tomando como bueno y válido que la economía dominicana, durante el primer semestre del 2021 haya crecido 13.3%, conviene formularse la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el aporte del gobierno, desde el punto de vista fiscal, para el inicio de esa reactivación económica?

La mejor acción que el gobierno puede realizar para promover el crecimiento económico es a través de la inversión pública. Resulta, no obstante, que durante los primeros siete meses de este año, el gobierno, de un total de gastos de 468 mil 342 millones de pesos, sólo ha destinado 30 mil 552 millones a gastos de capital, es decir, infraestructura, compra de maquinarias, equipos, vehículos, etcétera, equivalente a un pírrico 6.5% del gasto total.

Eso es importante porque el gobierno, conforme al presupuesto de este año, de 959,093 millones de pesos, el más alto de la historia económica dominicana, está legalmente autorizado a invertir en gastos de capital 132 mil 355 millones, razón por la cual, podemos afirmar, que su contribución al inicio de la reactivación económica no ha sido en proporción a la que ha debido ser.

Para enfrentar los estragos económicos generados por el COVID 19, el gobierno dominicano, al igual que otros gobiernos, se vio obligado a incrementar el gasto. Tuvo que hacerlo, sin embargo, en unas circunstancias en que disminuían los ingresos fiscales.

A falta de una cooperación de la comunidad internacional, el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento. No había otra salida. No obstante, lo que resulta preocupante es la dimensión en que ha tenido lugar. El nivel total de la deuda de los sectores públicos financiero y no financiero se ha disparado de forma significativa, situándose en el más alto de la historia económica nacional.

Con un crecimiento de 18.7 puntos porcentuales durante la pandemia, es el de mayor registro de América Latina y el segundo más alto en crecimiento del mundo; y eso naturalmente, hace levantar las cejas y mirar con preocupación.

Esa legítima preocupación se debe a que esos niveles de endeudamiento, como acertadamente nueva vez afirma la CEPAL, reducen el espacio fiscal, ponen en peligro la recuperación y limitan el crecimiento futuro.

En junio del 2020, la deuda pública dominicana era de 46 mil 700 millones de dólares, igual al 59.2% del PIB. A junio de este año, era de cerca de 59 mil 700 millones de dólares, equivalentes al 68% del PIB, esto es, 13 mil millones más que en junio del año pasado.

Para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, en ocho años, del 2004 al 2012, durante los dos periodos consecutivos que me correspondió el honor de dirigir los destinos nacionales, el gobierno dominicano, a pesar de haber enfrentado tres crisis, la bancaria interna, la crisis financiera global y el alza de los precios de los commodities, incrementó la deuda en sólo alrededor de 1,800 millones de dólares por año.

Increíble, pero así es. Durante esos ocho años de nuestros gobiernos, la deuda incluso disminuyó como porcentaje del PIB, pasando de un 46.9% a un 41.3%. 

Señoras y Señores:

En los círculos oficiales se afirma que durante el primer año de gestión del actual gobierno, se han recuperado 714,551 empleos de la pre-pandemia. Sin embargo, la Encuesta Continua de la Fuerza de Trabajo (ECFT) establece que la pérdida total de empleos durante la pandemia fue de 470 mil puestos de trabajo.

Por consiguiente, es imposible que se hayan recuperado 714,551 puestos de trabajo, si en realidad solo se perdieron alrededor de 470 mil. Si se hubiera recuperado esa cantidad de empleos, eso significa que el actual gobierno ya habría recuperado el 100% de los empleos perdidos en la pandemia, y además habría creado 245,056 adicionales.

Naturalmente, eso es imposible, debido a que aún en los mejores tiempos de crecimiento económico, nunca se han creado más de 120 mil empleos por año. La verdad es que la pérdida de empleos provocada por el Covid-19 todavía no ha logrado recuperarse; y hacen falta alrededor de 192 mil 500 puestos de trabajo para lograrlo.

A pesar de los programas de asistencias social, Quédate en Casa, Fase y Pa`ti, los cuales fueron extendidos hasta diciembre del 2020, la pobreza aumentó en nuestro país.

En términos absolutos, esto implicó que 268,515 dominicanos descendieran a niveles de pobreza general, incrementándose, de igual manera, la indigencia o pobreza extrema.

Pero, a nivel general, lo que nuestro partido, Fuerza del Pueblo (FP), ha observado que suscita mayores niveles de angustia, ansiedad y frustración en la población dominicana, es el alza de los precios de la canasta familiar.

Un ejemplo es lo que ha ocurrido con los precios del pollo, un producto de primera necesidad, fundamental en la dieta diaria de nuestro pueblo, que junto al arroz ocupa los primeros lugares en términos del gasto alimenticio de las familias dominicanas.

Aunque se asocia el alza del precio del pollo a la fiebre porcina, la verdad es que desde fines del 2020 y durante los primeros sietes meses de este año, el aumento en su precio ha sido una constante.

Se han hecho reuniones entre autoridades, productores, dueños de supermercados y vendedores, para buscarle una salida a un tema que resulta agobiante para la población, y no se ha logrado.

Ha habido un fracaso en solucionar el incremento de los precios del pollo, pero de igual manera con otros productos, como el arroz, el aceite y las habichuelas. Tampoco se ha logrado mejorar la situación con los limones, las naranjas y los aguacates, y ni siquiera con el arenque o el bacalao.

Personalmente, he consultado algunos vendedores de pollo, quienes me han hecho saber que el precio varía de un día para otro, así como de un lugar a otro.  Pero en ningún caso, baja de 75 pesos la libra. Más bien oscila entre 85 y 90 pesos y hay algunos puestos de venta en el Distrito Nacional donde ha llegado hasta a 100 pesos la libra.

De acuerdo con las cifras del Banco Central, la inflación acumulada en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas desde agosto del 2020 hasta julio del 2021 asciende, en general, a 9.84%.

Pero hay productos alimenticios donde las alzas superan el 30%, el 40 % y hasta el 60%.

El huevo se incrementó, al pasar de 179 pesos a 231 pesos el cartón de 30 unidades. La carne de res, que costaba 111 pesos la libra, ahora se encuentra a 152 pesos. El aceite de soya subió de 380 pesos a 626 pesos el envase de 128 onzas; y las sopitas se incrementaron de 38 a 57 pesos la cajita de 7 unidades.

El gobierno dominicano ha pretendido atribuir las alzas de los alimentos al incremento de los precios internacionales de los insumos y materias primas utilizadas en la producción como los fertilizantes, los granos básicos y el petróleo.

Sin embargo, esos mismos factores internacionales están presionando hacia el alza de los precios de los alimentos a todos los demás países de América Latina, con la diferencia de que la mayor parte de esos países muestran en los últimos 12 meses una inflación alimentaria moderada.

El problema radica en que la inflación alimentaria de República Dominicana es una de las más altas de América Latina, solamente superada por Venezuela, Brasil y Argentina.

El incremento de los precios de los alimentos, unido a la pérdida de empleos e ingresos económicos que ha sufrido el pueblo dominicano como consecuencia de la COVID 19, sugiere la posibilidad de que el país experimente un aumento del hambre y la subalimentación, lo que representaría, a su vez, un retroceso en términos de seguridad y soberanía alimentaria.

Por supuesto, no podemos permitir que eso ocurra y la Fuerza del Pueblo (FP), trabajará de manera infatigable para impedir que una situación semejante pueda enseñorearse sobre el territorio de la República Dominicana. 

Reformas institucionales 

Distinguidos amigos:

El actual gobierno dominicano ha manifestado un particular interés en lo relativo a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Debemos reconocer que el gobierno ha sido enérgico e insistente en tratar de cumplir con sus objetivos de fortalecimiento del Estado de derecho en nuestro país.

No obstante, es preciso indicar que ese objetivo no se ha iniciado con la actual gestión gubernamental. Desde el 1996, durante nuestra primera gestión de gobierno, se puso en ejecución un plan integral orientado hacia la reforma y modernización del Estado dominicano.

Se creo la Comisión Nacional de Reforma del Estado (CONARE), la Comisión Presidencial de Reforma de la Justicia y una comisión de 15 juristas para la modificación de los códigos legales.

Se aprobaron la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público; la Ley de Crédito Publico; la Ley de Tesorería Nacional; la Ley de Planificación e Inversión Pública; la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas; la Ley que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado; la Ley que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República; la Ley Orgánica de Administración Pública. La ley sobre Función Pública; y la Ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 20-30.

Durante nuestra gestión de gobierno, se crearon la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (antecesora de la actual PEPCA), el sistema de Declaración Jurada de Bienes, la Comisión de Ética Pública y Combate a la Corrupción, y las comisiones de auditoria social.

Con la proclamación de la Constitución del 2010, se dio origen al surgimiento de nuevas instituciones que actualmente juegan un rol estelar en nuestro sistema democrático, como son el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo y el Defensor del Pueblo.

Como puede apreciarse, toda la base institucional para la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho surgió como iniciativa de los gobiernos que tuve el honor de dirigir.

Estimamos en toda su justa dimensión el deseo del presidente Luis Abinader de hacer nuevos aportes a la consolidación de la institucionalidad democrática de nuestro país; y por tal motivo, la Fuerza del Pueblo ve con simpatía y beneplácito la invitación que formula a distintos sectores de la vida nacional para que participen en un proceso de diálogo con relación a 12 propuestas de reformas sugeridas por el Poder Ejecutivo.

Consideramos que la construcción del consenso es la vía más idónea para que el país pueda avanzar en la superación de la actual crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia del Covid-19, así como por la supervivencia frente a males ancestrales que todavía aparecen como fantasmas en el horizonte nacional.

Sin embargo, con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, La Fuerza del Pueblo (FP), considera que ya en su articulo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa; y lo mismo señala el articulo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la Ley de Leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente.

Frente a todos los grandes desafíos históricos, nuestro pueblo siempre ha salido airoso. Lo referente a la pandemia del COVID 19 y sus secuelas económicas y sociales, no será una excepción.

Sin embargo, frente a cualquier crisis hay que procurar ser moderado y cauteloso. Se requiere establecer un balance entre el optimismo de la voluntad y el realismo de la razón.

Bien lo decía Confucio, un sabio oriental de la Antigüedad, al señalar:

“Los cautos rara vez se equivocan.”

Muchas Gracias.

Buenas Noches.