Armas

Washington.- El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo hoy que es «inexcusable» que una agencia del Departamento de Justicia como la que él dirige permitiera el tráfico ilegal de armas hacia México, dentro de la operación conocida como «Rápido y Furioso».

«Permitir que las armas ‘caminen’, ya sea en esta Administración o en la anterior, es completamente inaceptable. El uso de esta táctica equivocada es inexcusable. Y nunca jamás debe volver a ocurrir», dijo Holder en una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

El secretario de Justicia comparece hoy ante el comité para explicar qué sabía y cuándo supo de la operación «Rápido y Furioso», que en 2009 permitió el tráfico ilegal de unas 2.000 armas hacia México, con el objetivo de seguir la pista a los carteles de la droga.

Los congresistas republicanos, que tienen mayoría, han pedido la renuncia de funcionarios de alto rango en el Departamento de Justicia y algunos de ellos exigen la dimisión del propio Holder.

El presidente del comité, el republicano Lamar Smith, dijo que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta acerca de la operación, y que las «declaraciones inconsistentes» de los funcionarios sobre quién sabía qué y cuándo «sólo han despertado más preocupaciones».

Smith recordó que la operación permitió, deliberadamente, que los testaferros de organizaciones criminales compraran cientos de armas para que la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos pudiera rastrearlas en su trayecto hacia México.

«Pero Rápido y Furioso tuvo un fallo fatal: una vez que se vendieron las armas no hubo esfuerzos para seguirles el rastro», continuó el legislador. «En cambio, se permitió que las armas pasaran a México sin coordinación alguna con las autoridades mexicanas y sin esfuerzo alguno para rastrearlas».

Por su parte, el congresista republicano Jim Sensenbrenner insinuó que, si no se obtienen esas respuestas, podría llegarse a un juicio político.

Holder, que mantiene que no supo de la fallida operación hasta principios de 2011, recordó que en cuanto estuvo al tanto ordenó una investigación interna y que desde que ésta comenzó, el Departamento de Justicia ha proporcionado al Congreso más de 5.000 documentos relacionados con el caso.

«Los documentos producidos hasta hoy desmienten la tesis de que esta operación fue concebida por líderes del Departamento, como algunos han asegurado», dijo el fiscal general a los congresistas.

«Los líderes del Departamento no fueron informados sobre las inapropiadas estrategias empleadas en esta operación hasta que esas tácticas se hicieron públicas y, como es obligado, fueron entregadas a aquellos responsables de supervisar la operación, en un intento de aprender sobre lo que ocurrió», aseguró.

El secretario de Justicia admitió que algunas de las informaciones que los supervisores de la operación suministraron a sus superiores eran «incorrectas» y señaló que muchos de esos supervisores han asegurado que no sabían que sus informes estaban equivocados.

Esos informes llevaron a altos funcionarios de Justicia a afirmar, al descubrirse el fallo de la operación a finales de 2010, que la ATF nunca habría permitido el tránsito ilegal de armas intencionadamente.

En realidad, ese tipo de tácticas se han empleado en otras ocasiones tanto en la Administración actual del presidente Barack Obama como en la de su predecesor, George W. Bush, que autorizó operaciones como «Wide Receiver», que presuntamente permitió el flujo ilegal de centenares de armas a México desde Arizona, entre 2006 y 2007, según ha reconocido el propio departamento.