Un total de 89 países votaron a favor de la resolución, que fue patrocinada por 42 Estados, mientras que se abstuvieron 64 y se opusieron 30, entre los que figuran Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, además de Rusia, China, India, Pakistán, Corea del Norte o Catar, entre otros.

Este tipo de resoluciones sobre el estado de los derechos humanos en Irán han sido presentadas ante ese órgano de Naciones Unidas desde 1992 y el resultado obtenido este lunes refleja el mayor margen de aprobación visto hasta ahora.

La delegación de Irán ante la ONU trató sin éxito de evitar la votación del texto en la Asamblea General al presentar una moción que acabó, sin embargo, perdiendo.

El texto condena la falta de salvaguardas internacionales para las personas que son acusadas de distintos delitos en Irán, donde subraya que ocurren una amplia variedad de ataques a los derechos humanos a los que se tildan de «torturas y tratamiento o castigo cruel y degradante, como flagelaciones o amputaciones».

La resolución denuncia además «el continuo alto índice y el alarmante aumento registrado en las ejecuciones de la pena de muerte en ausencia de salvaguardas internacionales».

Destaca en ese sentido que Irán es escenario habitual de «ejecuciones públicas, ejecuciones en grupo secretas y además de ejecuciones que se llevan a cabo sin aviso previo a las familias de los reos ni a sus asesores legales».

También condena el uso de la horca como método de ejecución, así como el hecho de que los reos sigan enfrentándose a penas de ejecución por lapidación.

Se deplora además la imposición y ejecución de la pena capital contra «menores y personas que en el momento de cometer el delito eran menores de 18 años», así como contra personas acusadas de «crímenes que carecen de definición precisa y explícita, así como de la mayor de las gravedades, en violación del derecho internacional».

La resolución condena también el hostigamiento que padecen en el país los defensores de los derechos humanos, como abogados, periodistas, proveedores de Internet y blogueros, «quienes sufren métodos de intimidación, interrogaciones, arrestos y detenciones arbitrarias como resultado de sus actividades».

El texto, que muestra la oposición de la ONU ante «las sistemáticas y graves restricciones a la libertad de asamblea pacífica y de asociación, así como a la libertad de opinión y expresión, pide a Teherán que ponga en libertad «inmediatamente» a los detenidos por ejercer esos derechos.

Además, solicita a las autoridades iraníes que pongan en marcha reformas para impedir que esos ataques a los derechos humanos sigan adelante y también que garanticen «unas elecciones parlamentarias libres, justas, transparentes y sin exclusiones para 2012».

El aislamiento de Irán se ha hecho evidente en la ONU en la última recta del año, ya que, además de la resolución de este lunes, Teherán no pudo evitar que la Asamblea General condenara en noviembre el supuesto complot para asesinar al embajador de Arabia Saudí en Washington, una trama en la que se involucró a Teherán.

Además, también en noviembre la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) adoptó en Viena una resolución contra Irán por las crecientes sospechas de que Teherán esté trabajando en el desarrollo de armas nucleares.