Madrid.- Un juez de la Audiencia Nacional española reafirmó hoy su competencia para investigar los supuestos delitos de torturas en Guantánamo, en respuesta a una querella presentada por dos expresos en esa base militar estadounidense en Cuba.

El magistrado Pablo Ruz pidió igualmente a la Fiscalía, en un auto notificado hoy, que le informe si considera al expresidente de Estados Unidos George W. Bush como uno de los «presuntos responsables» de lo ocurrido en ese centro de detención.

El juez justifica su decisión de reactivar el caso en la «falta absoluta de respuesta» de las autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido a sendas comisiones rogatorias cursadas a las autoridades de esos países sobre si están investigando los mismos hechos.

La causa que instruye Ruz fue abierta hace casi tres años a raíz de la querella interpuesta por el español Hamed Abderrahman Ahmed y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, que estuvieron detenidos en Guantánamo, contra Bush y otros altos cargos de la Administración norteamericana.

Entre ellos figuran el exvicepresidente Richard Cheney, el exsecretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld y los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables del campo de detención.

Posteriormente, otros dos exdetenidos en Guantánamo -Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes- se personaron en la causa.

Según Ruz, los hechos denunciados por los ex presos pueden ser constitutivos de delitos de torturas y contra la integridad moral y de otros contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crímenes de guerra).

Ello lleva a «la afirmación de la jurisdicción española en la investigación de los hechos», dice Ruz, que considera que se cumplen los requisitos exigidos por la ley, ya que existe un «vínculo de conexión relevante con España», que la propia Audiencia Nacional reconoció expresamente en febrero de 2011 en el caso de Ikassrien debido a su «arraigo» en el país.

Además, no consta «hasta el momento» ningún procedimiento en otro país «que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles», ya que pese a los requerimientos en este sentido ni Estados Unidos ni el Reino Unido han informado al juez, agrega Ruz.

De este modo, el magistrado pide al fiscal que informe «acerca de las personas contra quienes entienda pertinente dirigir la acción penal como presuntos responsables de los hechos objeto de investigación, concretados en los padecimientos sufridos por los cuatro querellantes personados».

Para acreditar esos padecimientos, el magistrado ordena también practicar un examen forense a Hamed Abderrahman Ahmed y a Lahcen Ikassrien «dictaminando la existencia de lesiones o secuelas (…) relacionados con los hechos» investigados y que hayan supuesto o supongan actualmente «sufrimientos físicos o mentales».

Además, acuerda reiterar las comisiones rogatorias remitidas en mayo de 2009 al Reino Unido y a los Estados Unidos y «recordadas» en agosto y octubre de ese mismo año y en enero y septiembre de 2011.

Cuando disponga de los informes solicitados, el juez notificará la querella a los que se considere «presuntos responsables» de los hechos y decidirá si entre ellos debe figurar también el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) George Tenet.

También decidirá en ese momento si cita a declarar como testigos -aclara en el auto que no procede hacerlo en calidad de imputados- a los brigadieres generales del Ejército norteamericano Jay W. Hood, Mitchel R. Leclaire y James T. Payne III, que firmaron algunos documentos sobre las torturas en Guantánamo.

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