Carlos Morales Troncoso.

Santo Domingo, República Dominicana.- El canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, defendió hoy las políticas migratorias nacionales y dijo que su país, donde vive cerca de un millón de haitianos, la mayoría sin documentos, no puede cargar «con el peso que conllevan los costos humanos y económicos de la grave situación» de Haití.

Tampoco puede, agregó, «asumir las consecuencias de las deficiencias que afectan al registro civil» de la vecina nación, las más pobre de América y que comparte con la República Dominicana la isla caribeña de La Española.

En una carta dirigida al periódico canadiense The Globe and Mail, que publicó recientemente la editorial titulada «Es injusto privar a los dominicanos descendientes de haitianos de su ciudadanía», el canciller dijo que su país «es libre de determinar» las «reglas de migración dentro de los límites establecidos por el derecho internacional».

En la misiva, el funcionario acusó al citado diario de distorsionar en su editorial «la naturaleza de la relación que mantiene la República Dominicana con la vecina Haití, así como de políticas internas normales y regulares en una nación soberana».

Morales Troncoso afirmó que ambos países «mantienen una relación normal, armoniosa y estrecha, características que se extienden a los ciudadanos haitianos que viven y trabajan en el territorio dominicano, en tanto están protegidos en virtud de los mismos derechos que todos bajo la Constitución Dominicana».

Asimismo, rechazó que su nación haya cambiado recientemente «su política de ciudadanía incluyendo la discriminación contra los haitianos con carácter retroactivo».

Explicó que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha dictaminado en varias ocasiones acerca del tema de los hijos de inmigrantes ilegales, «cualquiera que sea su origen».

Esto confirma, agregó, «que si aquellos hijos nacidos de padres legalmente en tránsito están excluidos de forma automática de obtener la nacionalidad, los hijos de aquellos que no pueden justificar su entrada legal o estancia en el país no pueden beneficiarse de un derecho mayor».

Asimismo, apuntó que en el país la «apatriación» no está en discusión, ya que el artículo 11 de la Constitución haitiana establece que «toda persona nacida de padre haitiano o madre haitiana, que sean haitianos de origen y que nunca hayan renunciado a su nacionalidad, poseen la nacionalidad haitiana al momento de su nacimiento».

Centenares de personas de origen haitiano residentes en la República Dominicana y que aseguran que nacieron en el país denunciaron el mes pasado que las autoridades dominicanas les niegan la nacionalidad al aplicar, con carácter retroactivo, una medida migratoria en su contra.

En una multitudinaria concentración en los alrededores de la SCJ los afectados aseguraron que dicha situación «obedece a una política de desnacionalización».

El abogado Francisco Leonardo señaló entonces que «decenas de miles de personas fueron reconocidas como dominicanas por el Estado hace décadas», pero que desde 2007 la Junta Central Electoral JCE), encargada del registro civil, «se ha empeñado en anular administrativamente la nacionalidad de las mismas».

La resolución de 2007 de la JCE prohíbe expedir actas de nacimiento a ciudadanos descendientes de extranjeros que no hayan probado la residencia o estatus legal de sus padres.

Sobre dichas medidas, el canciller dijo que se implementaron «para detectar y corregir el alto número de irregularidades que afectan el Registro Civil» y que «han sido consideradas legítimas por la Corte Suprema».

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que cerca de un millón de haitianos reside en República Dominicana, la mayoría en situación irregular, dedicados a trabajos agrícolas, hostelería, construcción y otros sectores.