«Resulta inaceptable criminalizar a un juez que tuvo la independencia de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales», aseguró en un comunicado la presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Souhayr Belhassen.

El juicio constituye «una grave vulneración del principio de independencia del poder judicial», señaló, por su parte, el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberock, quien criticó la «evidente parcialidad del magistrado instructor», Luciano Varela.

La decisión «significa que aplicar los principios de derecho internacional de los derechos humanos puede constituir delito de prevaricación», lamentó Lydia Vicente en representación de Rights International Spain (RIS), la tercera de las organizaciones que suscriben el comunicado bajo la rúbrica de Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

Este observatorio recordó que «los crímenes de lesa humanidad no prescriben» e instó a la justicia española «a desestimar los cargos en contra del juez Garzón».

Asimismo, urgió «a las autoridades españolas a demostrar su compromiso con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, cumpliendo con su obligación internacional de investigar las ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, constitutivas de crímenes de lesa humanidad».

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