SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), dijo este martes que más de 100 síndicos y directores municipales pertenecientes a todos los partidos, reúnen los meritos para ser procesados penalmente por la Comisión de Serias y Graves irregularidades en el desempeño de sus funciones, como lo establece la Ley 176-07 que rige el Distrito Nacional y los Municipios en su “artículo 21 sobre Destino de los Fondos.

Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de la entidad anticorrupción, indicó que los ayuntamientos destinarán los ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias manteniendo los siguientes límites en cuanto a su composición:

A. Hasta el veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal, sean éstos relativos al personal fijo o bajo contrato temporal.

B. Hasta el treinta y un por ciento (31%), para la realización de actividades y el funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su competencia que prestan a la comunidad.

C. Al menos el cuarenta por ciento (40%), para obras de infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de pre inversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social.

D. Un 4% dedicado a programas educativos, de género y salud”.

De la Rosa Tiburcio declaró que a diario recibe denuncias de corrupción provenientes de los municipios y distritos municipales en donde se destacan las adquisiciones de bienes y servicios sin cumplir con los procedimientos que prevé la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, así como el pago de obras “cuantiosas sin ser ejecutadas, nominas fantasmas, como también la designación de arietes y parientes, acciones conocidas por los munícipes que ven a diario con el desparpajo que actúan contrario al mandato otorgado por la municipalidad.

El vocero de ADOCCO, señaló que las sanciones contempladas en la ley se detallan en el Párrafo IV: “La violación de este artículo será sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos, así como también a la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos”.

“En el caso de que el tesorero y el contralor municipal no denuncien ante las autoridades de control y persecución competentes, se castigarán como infractores y de acuerdo con la sanción antes mencionada”.

De la Rosa Tiburcio, advirtió a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, DPCA, para que se prepare para darle seguimiento a todas esta “atrocidades” cometidas por los alcaldes en cuestión, lo mismo le advierte a la Cámara de Cuentas de la República para que proceda a entregar las auditorías que ha realizado en las instituciones edilicias, que permita traducir a los tribunales del país a los responsables del manejo irregular de los fondos públicos.

“Es una oportunidad que tiene la Liga Municipal Dominicana para reasumir su rol como asesorara de los ayuntamientos del país, para que deje atrás la imagen de botín al servicio del clientelismo político, que durante los últimos doce años no ha hecho ningún aporte significativo al municipalismo dominicano”. Concluyó.