Dilma Rousseff

Miami, EE.UU.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy el asesinato de «otro periodista en Brasil en menos de una semana» y pidió a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, que ponga medidas para proteger a estos profesionales.

Concretamente, le solicitó que «concentre esfuerzos para crear una jurisdicción especial para procesar crímenes contra periodistas, así como órganos a nivel federal para proteger a reporteros y fotógrafos en riesgo».

La organización con sede en Miami reaccionó así a la noticia de que el periodista brasileño Paulo Roberto Cardoso Rodrigues, de 51 años, fue asesinado en la madrugada del lunes por desconocidos que le dispararon doce tiros en la ciudad de Ponta Porá, fronteriza con Paraguay, según informó la Policía Civil del estado de Mato Grosso do Sul.

Paulo Rocaro, como era conocido el periodista, fue tiroteado dentro de su automóvil por dos motociclistas que portaban pistolas nueve milímetros y después socorrido por una patrulla de bomberos que lo trasladó hasta un hospital donde falleció.

El periodista era editor jefe del diario Jornal de Praça y fundador del sitio de internet Mercosulnews.

La SIP recordó hoy que el fallecido es el tercer periodista matado en Brasil en lo que va de año, después del asesinato el 9 de febrero del editor del sitio de internet Vassouras na Net, Mário Randolfo Marques Lopes. El 3 de enero murió el reportero de radio Laécio de Suza.

«Desde 1987 hasta la fecha, 41 periodistas han sido ultimados en el país, cuatro de ellos en 2011», añadió la organización en un comunicado.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gustavo Mohme, condenó lo ocurrido y reconoció la defensa que «Rousseff ha hecho de la libertad de prensa durante su gestión».

Sin embargo, dijo que «es necesario que el Gobierno federal asuma este tema de los asesinatos en todo el país, ante un marco de impunidad que incentiva mayor violencia y expone a otros periodistas en riesgo».

La SIP insistió en que es necesario crear mejores herramientas para combatir la violencia y la impunidad en América Latina. En ese sentido propone crear jurisdicciones especiales para procesar delitos y crímenes contra periodistas.

Además, apuesta por crear sistemas eficientes de protección, aplicar penas más severas contra quienes atenten contra la libertad de expresión y, en los casos que esté justificado, que se «federalicen» esos delitos.

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