SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La conferencia del Episcopado Dominicano demandó este miércoles que los principales actores políticos realicen un “uso legal de los recursos del Estado”, y se promueva el debate entre los candidatos.

Al emitir su mensaje con motivo del 27 de febrero titulado «50 años de las primeras elecciones democráticas y otras cuestiones», los obispos abogaron además por la implementación de mecanismos que permitan igualdad de condiciones y más transparencia en la contienda electoral, y citaron entre ellos la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y de una legislación de Campaña Electoral.

Consideraron necesario además que se establezca un tope en el gasto de la campaña y que se produzca una equidad en el uso de los medios de comunicación.

“La Conferencia del Episcopado Dominicano le ha llamado en más de una ocasión a las elecciones JUSTA ELECTORAL, que significa competencia, y esto indica que los contendientes deben tener la misma igualdad o capacidad de competir con posibilidades reales de alcanzar el triunfo”, plantean los religiosos en el documento.

De igual manera, observaron lo beneficioso para todos los dominicanos si la campaña política fuera más corta.

“El tiempo legal o plazo para la proclama que inicia la campaña electoral debería ser de no más de cuatro (4) meses antes de las elecciones”, resaltan.

Los religiosos exhortan, asimismo, a los a todos los dominicanos para que de forma masiva, ordenada y en paz participen con entusiasmo en las próximas elecciones.

Además, llamaron la atención sobre los peligros y retos que arropan la actividad política de hoy día.

Manifestaron que en el país existe la percepción de que muchos agentes de la política ya no se mueven por principios ni ideales nobles y que solo ven la actividad política como una mera inversión comercial. “De ahí la percepción que se tiene también del llamado “transfuguismo” político”, acotó.

Sobre la Junta Central Electoral -JCE-, los obispos recordaron su posición externada en enero del año 2004 y febrero de 1995, en la cual señalaron: “Es deber suyo disipar toda clase de dudas a base de integridad, transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad” y “El pueblo dominicano espera de la actual Junta Central Electoral diligencia y eficacia y pruebas inequívocas de su total confiabilidad”, respectivamente.