Santo Domingo, República Dominicana.-El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), advirtió a los jueces no dejarse sorprender por envasadoras de Gas Licuado de Petróleo que de manera sistemática violan la Constitución y Ley 358-05 de Protección al Consumidor, y cuando les imponen multas incoan recursos con pretensión de evadir la Justicia.

La advertencia se produce a propósito del conocimiento este martes de un recurso contencioso interpuesto por la Envasadora ONE ante el Tribunal Suprior Administrativo contra la Resolución No. 337.2011 de Pro Consumidor, que le impuso una multa de cien salarios mínimos, equivalente a RD$511,750 por fraude flagrante en la venta del GLP a los usuarios.

La institución indicó que con pretensión de evadir la Justicia, ONE Gas solicitó a los magistrados del Tribunal Superior Administrativo una Media Cautelar que de modo provisional buscaría la suspensión de la Resolución No. 337.2011 de Pro Consumidor.

Sin embargo, precisó que ya en audiencia la parte recurrente (ONE Gas) solicitó a la jueza Yadira de Moya Kunhard que se prorrogue el proceso con la finalidad de tomar más conocimiento del expediente, petición que fue acogida por la magistrada, tras confirmar que el staff de abogados de Pro Consumidor, presidido por Félix Pujols, dijo no tener inconveniente con el aplazamiento.

Precisó que junto a su consultor jurídico, Pro Consumidor estuvo en audiencia con los abogados Joaquín Zapata y Reyna Matos, así como con la representante del Ministerio Público, Catanalina Arriaga.

“La envasadora ONE Gas, ubicada en el Kilómetro 4 de la carretera San Juan de la Maguana-Las Matas, interpuso el recurso pese a que representantes del Ministerio Público comprobaron fraude flagrante en la venta del GLP a los usuarios el pasado 6 de diciembre, luego que técnicos de Pro Consumidor y de la Dirección General de Normas y Sistema de Calidad (Digenor) hicieron las pruebas de rigor”, indica la nota informativa de Procosnumidor.

Sobre ese particular, la institución advirtió a los jueces a no dejarse sorprender en su buena fe por entidades o personas físicas representantes de esas entidades que tienen la intención de legalizar prácticas fraudulentas que lesionan los intereses económicos de un pueblo pobre.