Knaul consideró además que dicha condena, de inhabilitación de Garzón durante 11 años, puede responder al deseo del Tribunal Supremo que la impuso de no pronunciarse sobre por el llamado caso de la memoria histórica, en relación a la acusación de prevaricación contra el juez por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.

«Otros jueces e instancias judiciales españolas, incluidas la Fiscalía, avalaron la actuación de Garzón en relación con las escuchas, pero sólo él ha sido castigado. Parece una venganza», dijo Knaul a Efe en una entrevista telefónica desde Brasil.

La juez brasileña, con una larga experiencia en la administración de los sistemas judiciales nacionales e internacionales, afirmó: «mi principal preocupación es que (Garzón) tiene tres investigaciones diferentes. Temo que estén utilizando esta primera para castigarle y que al final no le juzguen y sentencien por las otros dos».

«Como ha perdido el cargo a raíz de esta sentencia, el Tribunal Supremo español podría decir ahora que los otros dos procesos ya no tienen sentido, porque la persona imputada ya no es un juez», explicó la relatora de la ONU.

«La condena permite al Supremo escapar de la necesidad de emitir un veredicto sobre los otros dos casos, especialmente en el relacionado con la memoria histórica», agregó Knaul.

La relatora especial afirmó no tener razones para ver «una motivación política» tras la condena de Garzón por las escuchas, pero expresó «la profunda preocupación que me produce el impacto que la sentencia tendrá en la independencia judicial en España».

«Mi temor también es que lo ocurrido pueda ser utilizado como una manera de intimidación contra otros jueces y tribunales en España», indicó Knaul, que definió a Garzón como «una persona competente, que conoce bien las leyes y que sabía que hacía una excepción cuando ordenó interceptar comunicaciones entre imputados y sus abogados».

La juez brasileña señaló que «es importante recordar que todo el mundo debe rendir cuentas ante la justicia», pero insistió en que «Garzón es un juez cualificado y muy respetable, que debería ser respetado en lo que se refiere a la independencia de sus actos».

«El veredicto final es desproporcionado en relación con el caso, porque, aunque existe un derecho de confidencialidad entre abogado y cliente, no se aplica en absoluto si se tiene evidencia de que se está cometiendo un delito», argumentó la jurista.

El miércoles pasado, la relatora especial ya declaró en un comunicado que «los supuestos errores en las decisiones judiciales no deberían ser una razón para la expulsión de un juez y, mucho menos, para la puesta en marcha de un proceso penal».

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