Ginebra.- La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, denunció hoy la lentitud de la Justicia de algunos países latinoamericanos en resolver los casos donde ha habido violación de derechos fundamentales.

La alta Comisionada Adjunta se dirigió hoy al Consejo de Derechos Humanos reunido en su decimonovena sesión para comentar los informes que su Oficina ha elaborado sobre varios países, entre ellos Bolivia, Guatemala y Colombia.

Con respecto a Bolivia, Kang lamentó que juicios emblemáticos sobre violaciones de derechos humanos prosiguen a un ritmo lento y en medio de continuos aplazamientos.

No obstante, la funcionaria internacional celebró que en la lucha contra la impunidad en Bolivia se han conseguido «pasos importantes», como la sentencia contra cinco militares acusados de la muerte de sesenta personas durante las manifestaciones contra el Gobierno en 2003.

Asimismo, la Alta Comisionada adjunta felicitó los avances en los derechos económicos y sociales que se han conseguido en el país andino, aunque aseguró que todavía quedan «brechas importantes por superar».

Con respecto a Guatemala, Kang denunció que 15 de años después de haberse alcanzado la paz, las violaciones a los derechos fundamentales, que ella considera problemas estructurales, «siguen sin resolverse».

Sin embargo, celebró el progreso del Gobierno guatemalteco en algunas «cuestiones sensibles», como el crimen organizado, el tráfico de drogas o las violaciones de los derechos humanos en el pasado, si bien concluyó que en estos casos la impunidad «sigue extendida» y reclamó «medidas urgentes» para combatirla.

Con respecto a Colombia, Kang manifestó su «preocupación» por la propuesta de trasladar los juicios sobre violaciones de los derechos en los que están implicadas las fuerzas del orden de la jurisdicción civil a la militar, y pidió al Gobierno que considere la jurisprudencia del Comité de la ONU de los Derechos Humanos en este asunto.

Aunque ensalzó la adopción por parte del Gobierno de la Ley de Restitución de Víctimas y Territorios, que establece un programa de reparación y restitución de tierras a unos cuatro millones de personas víctimas de violaciones de sus derechos.

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