Santo Domingo, República Dominicana.- El industrial español Joaquín Martín Montero, dedicado a la producción azucarera en la República Dominicana, pidió hoy por carta al procurador general del país, Radhamés Jiménez Peña, que «intervenga activamente» para que se respeten siete sentencias dictadas a su favor en el país.

Martín Montero, presidente de la compañía Azucarera Porvenir, mantiene un contencioso con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), al que acusa de arrebatarle el 50 % de las 6.000 hectáreas que le arrendó en 2010 para entregárselas a la compañía local Constructora Castelar.

Esta empresa, por su parte, asegura que firmó con el organismo estatal un acuerdo de arrendamiento de esos terrenos en octubre de 2010.

El empresario español, en una carta entregada hoy en la Procuraduría, se queja de que las sentencias han sido «desacatadas e irrespetadas tanto por el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Enrique Martínez, como por los administradores del Grupo Vicini Campollo» (propietario de Constructora Castelar).

Acusa a todos ellos de ampararse «en su poder y posición» para negarse a cumplir «una y otra vez» el fallo de los tribunales.

Frente a esta posición, la Unión Nacional Azucarera (Unazucar), organización que agrupa a los ingenios azucareros Barahona y Vicini y a la empresa Alcoholes Finos Dominicanos, defiende que Constructora Castelar no ha ocupado las tierras que reclama Martín, sino que ha tomado posesión de ellas en virtud de su contrato.

Martín Montero estima la intervención del procurador general «condición indispensable para un marco de seguridad jurídica que proteja las inversiones de los capitales extranjeros en el país».

La misiva, de la que Efe obtuvo una copia, considera el comportamiento del CEA y del Grupo Vicinio Campollo «propio de estados de baja institucionalidad donde son moneda común tácticas de burla a la justicia por quienes se creen por encima de la ley».

«La primacía del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico no puede cuestionarse con actitudes y comportamientos como los descritos, en donde lo único que prima es el interés individual y sectario», señala el escrito.

La carta de Martín recuerda al procurador general que la embajada española en la República Dominicana remitió la pasada semana un escrito en el que dejaba constancia «de su preocupación por las reiteradas hostilidades» que la compañía sufre.

La empresa española ha denunciado reiteradamente que militares y personal de seguridad de Constuctora Castelar impiden sistemáticamente a sus trabajadores acceder a los campos para cortar la caña, al tiempo que han destruido zonas de cultivo y se han apoderado de la producción en amplias áreas.

Esta disputa por los terrenos derivó en marzo en unos incidentes en los que hubo dos heridos de bala y a pedradas, siete meses después de que un hecho similar ocurrido en las tierras en conflicto causara dos muertos y dos heridos de gravedad.

El abogado de Azucarera Porvenir José Guzmán dijo hoy a Efe que los trabajadores presentaron una querella contra Enrique Martínez por los incidentes de marzo, pero «la Fiscalía no ha hecho nada», por lo que no descartó llevar el asunto a tribunales internacionales.

Guzmán denunció que este comportamiento se mantiene desde hace meses, a pesar de las siete sentencias que autorizan a Azucarera Porvenir a trabajar los campos en tanto se resuelve el contencioso que debe determinar cuál de las dos empresas tiene derecho a cultivar las tierras, litigio que está sometido a un organismo de arbitraje.

Un portavoz de la Procuraduría confirmó a Efe la recepción de la carta de Martín, pero no se pronunció sobre su reclamación, que deberá ser estudiada por el organismo.

iberoamerica.net