Santo Domingo, República Dominicana.-El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) rechazó este miércoles las acusaciones hechas por Comisión de Observación de la Junta Central Electoral (JCE), en la señalan que 188 observadores propuesto por esa entidad tienen antecedentes penales, incluyendo acusaciones por asuntos relacionados al narcotráfico.
Asimismo, llamó a la Comisión del tribunal de Comicios a revelar los nombres de esas personas para determinar cómo llegaron sus solicitudes y quiénes firmaron y tramitaron los formularios correspondientes.
“Exigimos el respeto que merece una institución que tiene 19 años promoviendo la democracia”, precisó el organismo en un comunicado, al tiempo de asegurar que la versión de la JCE carecen de pruebas.
“La lista de inconsistencias que la JCE alega haber encontrado en una presunta muestra tomada de los 3,805 ciudadanos que voluntariamente han sometido su solicitud de observar, a través de PC, está plagada de errores y omisiones culposas que desacreditan la investigación llevada a cabo por el organismo”, precisa uno de los acápites del comunicado.
El movimiento cívico se mostró además sorprendido y dijo no entender por qué se ha puesto tanto empeño en desacreditarlo. Agregó que le resulta insólito que la JCE pretenda dar a entender que ellos fueron a las cárceles a reclutar y a dar entrenamiento a los reclusos para presentarlos como observadores.
Consideraron que las personas que, según la JCE, cumplen sentencia en cárceles de Higüey y Cotuí debieron haber sido identificadas por la JCE.
“Suministrar los nombres de esos presuntos reclusos nos ayudaría a determinar cómo llegaron sus solicitudes y quiénes firmaron y tramitaron los formularios correspondientes, pues de lo contrario se alimentaría la idea de infiltración maliciosa para tratar de desprestigiar nuestra organización no partidista”, resalta.
De acuerdo a Participación Ciudadana, los únicos nombres que no fueron revelados por la JCE y que se citan en su informe, son dos personas que figuran como delegada y suplente técnica del PRD en los municipios de Fundación, Barahona, y Cristóbal, de la provincia Independencia.
“La JCE omite decir que en su primera lista de objetados, hace tres semanas, cuestionaba a 17 ciudadanos por considerarlos vinculados a partidos políticos, de los cuales 6 eran de la Unión Demócrata Cristiana, 4 de Dominicanos por el Cambio, 2 del MIUCA y los cinco restantes del PLD, PRD, PRSC, PDI y PVUD”, precisa.
Detalla que esas personas en muchas ocasiones sólo han figurado en elecciones anteriores como candidatos a regidores y vocales de pequeños municipios y distritos municipales de diversas regiones, las cuales conservan intacto su derecho a observar las presentes elecciones.
“Los casos de antecedentes penales de recientes sometimientos a la justicia, que no se identifican, por lo demás, violan el principio de inocencia constitucionalmente consagrado”, consideraron.
Confianza en ciudadanía
Participación Ciudadana explicó que en ocho observaciones electorales que ha realizado el organismo, la metodología de reclutamiento se ha fundamentado en la confianza en la ciudadanía.
Resaltaron que los observadores llenan un formulario cuyos datos verifican que se trata de voluntarios, cuyos derechos ciudadanos están hábiles y que por esa razón figuran en el padrón electoral.
“Confiamos en el padrón electoral para depurar a nuestros voluntarios, de la misma manera que la JCE confía en ese instrumento para determinar quién está hábil para votar.
PC no cuenta con organismos de seguridad que, a contrapelo de derechos fundamentales y sobre todo, del principio de inocencia, recurren a antecedentes criminales no validados por tribunales o crean fichas en un llamado Sistema de Investigación Criminal cuya legitimidad la ciudadanía desconoce”, indican.
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