SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un tribunal de la República Dominicana falló hoy a favor de 28 nacionales descendientes de haitianos, que denunciaron a la Junta Central Electoral (JCE) por el supuesto despojo de sus cédulas de identidad.

El Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil de la provincia de San Pedro de Macorís (este) declaró que la JCE, encargada del registro civil del país, violó los derechos del grupo de demandantes por negarle la entrega de dichos documentos.

La sentencia, dada a conocer por organizaciones defensoras de los inmigrantes y descendientes de estos, señala que dicha institución violentó el derecho a la dignidad humana, igualdad, nacionalidad e identidad, entre otros derechos que establece la Constitución local.

El juez Luis Alberto Adames Mejía ordenó a la JCE, al director General de Cedulación y a las Juntas Electorales de los municipios de San Pedro de Macorís, Quisqueya, Consuelo, San José de los Llanos y Ramón Santana, todos en San Pedro de Macorís, a entregar la cédula de identidad a cada uno de los demandantes.

Asimismo, a pagar 1.000 pesos (unos 25 dólares) diario a cada uno de los afectados por cada día de retraso de la sentencia a partir de los diez días siguientes a su notificación.

El grupo depositó el pasado mes un recurso de amparo colectivo contra la JCE y Juntas Electorales de los mencionados municipios ante la negativa de hacerles entrega de su cédula de identidad.

Los demandantes argumentaron entonces que intentaron inscribirse en las mencionadas Juntas Electorales desde finales de noviembre de 2010, pero la JCE le exigía «requisitos no establecidos por la ley para la obtención del documento».

Según los abogados de los afectados, el recurso de amparo «busca restituir y reivindicar los derechos de demandantes, así como, visibilizar la política de desnacionalización que existe en el país, dirigido contra dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana»

Una resolución de 2007 de la JCE prohíbe expedir actas de nacimiento a ciudadanos descendientes de extranjeros que no hayan probado la residencia o estatus legal de sus padres.

La medida fue aprobada para depurar el registro civil de fraudes cometidos en el pasado, sin embargo, defensores de nacionales descendientes de haitianos aseguran que la medida es una herramienta de tipo político para retirarle a éstos la nacionalidad dominicana.

El presidente de la JCE, Roberto Rosario, advirtió hace unos meses que «no regalará» la ciudadanía a persona alguna que no complete los requisitos constitucionales para obtenerla ni cederá ante «ningún tipo» de ataque de sectores amparados en una supuesta defensa de los derechos humanos.

Dichas declaraciones se produjeron poco después de que el Parlamento de Haití aprobó la doble nacionalidad para sus ciudadanos, más de un millón de ellos residentes en la fronteriza República Dominicana, según cifras oficiales locales.