SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) deploró este viernes la supuesta actitud de algunos funcionarios públicos que en el proceso de transición están suscribiendo contratos licitaciones y compromisos que van más allá de su mandato.

“Esto sucede con la agravante de que se trata de compromisos que envuelven cientos de millones de pesos en unos casos, y en otros de dólares, entre los que podemos citar: el Ministerio de Educación con los apresto para adquirir en el extranjero 766 millones de pesos, incluso en detrimento de las empresas locales, y  el Ministerio de Obras Públicas con la licitación de la continuación y ampliación del Viadon Santo Domingo”, dijo Trajano Potentini, presidente de la fundación.

Señaló que para la FJT también es motivo de gran preocupación el intento de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas (CDEEE) en la persona de su vicepresidente ejecutivo, Celso Marranzini, “el tratar de licitar y adjudicar antes del 16 de agosto operaciones y contratos por el orden de los 4,000.00 millones de dólares, además del contrato grado a grado por ochenta millones de dólares otorgado hace algunas semanas por la CDEEE en violación a la ley 340-06, y las pretensiones consignadas en el presupuesto complementario por otros 500 millones de dólares para ser destinados subsidiar el deficiente y mal administrado sector eléctrico, situación por la cual el señor Marranzini será cuestionado el próximo martes por una comisión bicameral del congreso nacional”.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, dijo que “pese a reconocer que el mandato constitucional termina el próximo 16 de agosto y con ello el ejercicio de los ministros y demás funcionarios, entiende que la prudencia impone dejar a las próximas autoridades planificar y asumir conforme la situación heredada los nuevos compromisos de Estado”.

Potentini, insistió en que es preocupante la falta de tacto y prudencia de algunos funcionarios que no han asimilado que habrá un cambio de administración y que el país está atravesando una crisis económica que impone un espíritu de comprensión y coordinación para con las nuevas autoridades.

La FJT le recordó a los diferentes incumbentes de instituciones públicas que todas sus ejecutorias y acciones tienen vocación de ser revisadas e incluso anuladas por las autoridades entrantes.

Finalmente, la Fundación Justicia y Transparencia entiende que el “largo periodo de tres meses para la transición trae inconvenientes como el planteado, además de la España boba que se genera a lo interno del manejo de la cosa pública; razones más que suficientes para contemplar en una eventual reforma a la constitución dominicana disminuir el plazo de los tres meses para la entrega de mando a solo un mes como ocurre en la mayoría de los países”.