Transcurrido el proceso electoral, los agentes económicos comienzan a dimensionar la magnitud y el impacto en las decisiones de consumo e inversión que tendrá un nuevo ajuste fiscal. La situación es preocupante debido al deterioro en las finanzas públicas producto del despilfarro y el uso de los recursos del Estado en la pasada campaña.

En el último cuatrienio el déficit del sector público consolidado  promedio ha estado en la vecindad de 4% del PIB. Este resultado se obtiene al sumar los déficits  del  Sector Público No Financiero (SPNF) y el Sector Público Financiero (SPF) compuesto principalmente por el déficit cuasi-fiscal del Banco Central.

Según el Banco Central, las operaciones fiscales del Gobierno Central durante el primer trimestre de 2012 registraron un déficit de RD$33,429 millones[1]. Esta cifra es superior en 48.94% (RD$10,985) al déficit presupuestado para todo el año 2012, unos RD$22,444 millones.

El déficit del Gobierno Central no obedece a la  falta de ingresos, sino al exceso de gastos. Los ingresos totales ascendieron a RD$72,114.3 millones, RD$8,836.7 millones más respecto al mismo período en 2011, para un incremento relativo de 14%. Los gastos totales experimentaron un crecimiento de 26.3% al pasar de RD$85,165.5 millones a RD$107,603.3 millones.

A pesar de esta importante expansión fiscal, el crecimiento del PIB durante el trimestre enero-marzo 2012 fue de sólo 3.8%. Este resultado mueve a preocupación a los analistas y agentes económicos porque durante los ciclos electorales la economía dominicana tiende a operar por encima de su capacidad instalada (PIB-potencial) durante el primer y segundo trimestre. Luego desacelera su ritmo de crecimiento en los trimestres posteriores vía ajustes monetarios y/o fiscales.

Estudios econométricos han establecido que el PIB-potencial de la economía dominicana se encuentra entre 5% y 5.5%. Por primera vez, el crecimiento del producto durante el primer trimestre se situó por debajo del PIB-potencial.

En los años 2006, 2008 y 2010 se realizaron tres procesos electorales. Dos elecciones congresuales y municipales (2006 y 2010) y una presidencial (2008). En estos años el crecimiento económico durante el primer trimestre fue de 12.6%, 7.5% y 5.7% respectivamente. Todos por encima del PIB-potencial.

A la nueva administración gubernamental le tocará realizar los ajustes necesarios para mantener a flote la nave nacional. No será una tarea fácil. Para lograrlo, requerirá de mucha perseverancia y capacidad negociadora para hacer converger los intereses de los contribuyentes con los del gobierno.

El ajuste comienza con una nueva reforma fiscal. Será la séptima en los últimos diez años. Un verdadero record en materia tributaria evidenciando la complejidad e inestabilidad del sistema impositivo dominicano. Los cambios introducidos en el Código Tributario, generado por seis reformas, han contribuido a una mayor discrecionalidad de la autoridad  en detrimento de los derechos de los contribuyentes.

En un documento interno[2], el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto de los cambios en el sistema tributario dominicano establece lo siguiente: “Se ha creado así un régimen tributario complejo, inestable (seis reformas en 9 años) y difícil de controlar, que no cumple con ninguno de los principios básicos de tributación: suficiencia (para financiar un gasto público mínimo); equidad (que los habitantes de un país contribuyan a las arcas del Estado en la medida de su capacidad) y eficiencia (que el régimen altere mínimamente las decisiones de los productores y consumidores)”.

Desde hace años,  políticos, empresarios y economistas han planteado la necesidad de cambiar el actual modelo de desarrollo por uno que fortalezca la capacidad productiva del país orientado a mejorar los recursos humanos a través de una mayor inversión en educación, ciencia y tecnología.

Un cambio en el modelo de desarrollo económico y social vigente dependerá de un nuevo sistema tributario capaz de articular los incentivos a las actividades productivas con la suficiencia, la equidad y la eficiencia impositiva. Entonces, la reforma fiscal que viene debiera estar asociada al cambio en el modelo de desarrollo.

Por tal razón, es importante definir los sectores en los cuales se anclará el nuevo modelo de desarrollo económico y social que regirá en los próximos veinte o treinta años para luego establecer el tipo de incentivos requeridos para su expansión. Los sectores vinculados a la exportación de bienes y servicios deben formar parte integral de este nuevo modelo.

Por el lado del gasto, el gobierno debe comprometerse con una mejoría en la calidad por medio del cumplimiento de metas preestablecidas en temas vinculados con el desarrollo humano. Educación, salud, vivienda, alimentación y acceso a agua potable deben ser elementos indispensables en los cuales se invierta la mayor cantidad de recursos públicos posible.

Una nueva reforma fiscal no debe estar guiada sólo por la necesidad de incrementar de forma inmediata los ingresos tributarios. Es mejor tener una mirada de mediano y largo plazo que vea crecer de manera sostenida estos ingresos en un ambiente de estabilidad en la estructura impositiva que permita a los contribuyentes tomar sus decisiones de consumo e inversión sin temor a un cambio inesperado en las normas.

Esto adquiere mayor relevancia en materia de inversión extranjera donde la economía dominicana actualmente compite con sus pares de la región con ciertas desventajas en temas tributarios y  energéticos.

Una reforma fiscal que pretenda reforzar el actual esquema podría afectar la productividad y la creación de empleos. Si bien es cierto que los ajustes tributarios tienen un efecto único y transitorio, un paquete impositivo de la magnitud del que se espera (entre 3%-3.5% del PIB) podría afectar la competitividad de las empresas establecidas en el país haciendo que estas reduzcan su tamaño o se vean obligadas a ir al sector informal.

El limitado crecimiento en las importaciones de los bienes de consumo (1.8%) y el crecimiento negativo de los bienes de capital (-4.3%) durante el primer trimestre de 2012 muestra la fragilidad en que se encuentran los consumidores y las empresas dominicanas.

El Banco Central anunció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 0,27 % en mayo. Esto colocó en 0,68 % la inflación de los primeros cinco meses de 2012 y la inflación anualizada se situó en 3.54 %. Este indicador muestra que la economía dominicana ha agudizado la desaceleración en su crecimiento.

Se espera que la autoridad monetaria estreche y revise a la baja el corredor de las tasas de interés de política (Overnight y Lombarda) para  incentivar las decisiones de consumo e inversión. Con este reducido nivel de actividad económica, evidenciado en la inflación, plantear una reforma fiscal con un paquete tributario en la vecindad de 3.5% del PIB equivaldría a llevar la economía dominicana a la recesión.

Para evitarlo, hay que supeditar la reforma al cambio de modelo de desarrollo económico y social.

Espero que la nueva administración gubernamental pueda convencer a los organismos internacionales, la clase política y los contribuyentes de la necesidad de concertar para cambiar el actual modelo económico.

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[1] Banco Central de la República Dominicana (BCRD): Resultados Preliminares de la Economía Dominica trimestre enero-marzo 2012. www.bancentral.gov.do.

[2] Fondo Monetario Internacional (FMI): “Estrategias para un Sistema Tributario más Equitativo y Eficiente en República Dominicana. Departamento de Finanzas. Documento Interno. Diciembre de 2011.