SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es el inevitable resultado de un proceso de descomposición institucional de la sociedad, que afecta particularmente el funcionamiento del sistema de partidos, corporativizados dentro de una concepción del Estado como botín a ser repartido.
La división del más antiguo partido del país podría convertir la crisis del sistema partidista en una crisis de la democracia dominicana en virtud de la extrema concentración del poder, no solo en un solo partido político, sino especialmente en el grupo hegemónico encabezado por el Presidente Leonel Fernández, a quien se le atribuye la intención de continuar un proyecto de dominación política de largo alcance.
Asistimos a un progresivo debilitamiento de los partidos políticos, incluyendo al que ejerce el poder, donde los órganos ejecutivos han sido sustituidos en gran medida por el liderazgo del primer mandatario, quien distribuye favores con un manejo patrimonialista del Estado. Ese dominio será puesto a prueba cuando asuma el poder el presidente electo, licenciado Danilo Medina.
El liderazgo concentrador del presidente Fernández y su capacidad para repartir el patrimonio público han debilitado su propio partido, haciéndolo depender cada vez más de las alianzas con múltiples grupos satélites enquistados en organismos públicos que les dan vida mediante el acceso a millares de empleos, canonjías y favores.
El tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, ha devenido en un satélite más, dividido y segmentado en la medida en que el reparto no ha alcanzado para todos sus dirigentes. Despojado de su personalidad e identidad, el PRSC es una especie en extinción que se mantiene artificialmente en virtud del aliento estatal.
El PRD acusa los efectos de ese proceso de descomposición, ya que gran parte de su dirección participa de la misma concepción patrimonialista y clientelista de la política, tanto como de los intentos de instrumentalización por parte de quienes han controlado el poder en los últimos tiempos, presa fácil por su incapacidad para renovarse y ejercer internamente la democracia, con organismos hipertrofiados e inoperantes.
La actual crisis perredeísta tiene origen en la progresiva debilidad institucional de ese partido, pero también en la campaña interna que concluyó con la elección del agrónomo Hipólito Mejía como su candidato presidencial. Quedó patente ante el país que las fuertes discrepancias con su contrincante en la campaña interna, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se agravaron en la campaña electoral. Todo indica que tanto la negativa del Ingeniero Maldonado a conducir su partido en la campaña electoral, haciendo inoperantes por falta de convocatorias los organismos de dirección, así como las debilidades que evidenció el candidato presidencial, fueron factores relevantes en el resultado electoral del PRD y en la profundización de la crisis que hoy padece.
Son esos los factores que han dividido el PRD dejándolo expuesto a un largo proceso de desgaste, por la inoperancia de sus organismos internos y la inexistencia de un arbitraje electoral externo con imparcialidad y legitimidad suficiente para ejercer un papel regulador.
La crisis del PRD puede comprometer el proceso democrático dominicano, facilitando aún más la concentración del poder y exponiendo a la nación a decisiones unilaterales sobre cuestiones fundamentales para la institucionalidad, la gobernabilidad así como para la resolución de importantes cuestiones relativas al desarrollo económico y social de la nación. Lo anterior cobra particular relevancia cuando se tiene en cuenta que están pendientes fundamentales reformas fiscales y rectificaciones del modelo de desarrollo económico, y de las prioridades de inversión.
La democracia requiere de partidos políticos fuertes, institucionalizados, capaces no sólo de contender, sino también de proponer. A pesar de que el nuevo gobierno representa sólo poco más de la mitad del electorado nacional y la otra mitad votó por las opciones de oposición, no cabe duda de que una mayoría de dominicanos y dominicanas reclama fundamentales rectificaciones en las políticas públicas, pues hasta el candidato del partido oficial tuvo que asumir un discurso de cambio. En este contexto es importante que la democracia funcione en todos los partidos para permitir que esta expresión de cambio se convierta en realidad.
En lo inmediato la crisis del PRD parece depender del arbitraje del Tribunal Superior Electoral, una instancia que no escapó al proceso de concentración del poder por parte del presidente Fernández, y al reparto con el PRD presidido por Vargas Maldonado.
Resulta muy difícil que el conflicto político existente en el PRD pueda solventarse a través de decisiones del Tribunal Superior Electoral, que por el contrario pueden conducir a ese partido en el menos grave de los casos a una división, por lo que lo deseable es que ambas partes en conflicto pongan en manos de las bases del partido la decisión, anticipando para este mismo año la Convención que deberá renovar su dirigencia y que está pautada para el próximo año.
El PRD no podrá superar esta crisis sin una profunda renovación institucional y de su liderazgo, que se sitúe por encima de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, restaurando la democracia interna y recuperando el diálogo y la conexión con el resto de la sociedad.
Toda la sociedad dominicana debe seguir con atención la crisis del PRD y reclamar de los poderes públicos actuaciones que no dejen lugar a la sospecha de arbitrariedad con fines de dominación y restricción de la aún adolescente democracia nacional.
Participación Ciudadana ha sostenido como esencial el fortalecimiento de los partidos políticos como instrumentos fundamentales de la democracia y sistemáticamente ha abogado por su progresiva institucionalización. En ese orden, la suerte del partido que más votos obtuvo en la última contienda electoral no puede ser indiferente para nadie.
