La representante residente de la ONU, la francesa Valerie Julliand, abogó a finales de la semana pasada porque el Estado dominicano otorgue la amnistía a los haitianos ilegales con más de 10 años residiendo en el país, como forma de resolver uno de los problemas más espinosos en las relaciones de ambas naciones.

En torno a esto, el ordenador nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, Domingo Jiménez, consideró hoy ante medios de prensa locales que «nadie» puede dictarle pautas al país en materia migratoria ni de ninguna otra índole.

Las declaraciones del funcionario, formuladas tras firmar un acuerdo de cooperación en materia educativa con la representante en República Dominicanade la Unión Europea, Irene Horej, destacan que el país ha avanzado mucho en el trato que ofrece a los haitianos que trabajan en el país, aunque reconoció que aún hay materias pendientes que superar en ese sentido.

Jiménez recordó que República Dominicana es un país soberano, democrático, con un Estado de derecho que le permite reivindicar y definir su política migratoria frente a todos los ciudadanos del mundo que vivan en este país.

A lo dicho por Julliand también se opuso recientemente el director dominicano de Migración, José Ricardo Taveras, al considerar que el país cometería una «gran torpeza» si aceptara esa sugerencia.

Taveras dijo que lo que deben hacer los organismos internacionales es invertir en Haití y entender que las políticas migratorias son de dominio reservado y que cada Estado tiene derecho a definir a discreción los estatutos de nacionalidad y de migración.

«Aquí no se puede hacer una política de amnistía y el día que la propongan y la impongan, el pueblo debe revelarse», dijo.

De acuerdo a datos oficiales, en República Dominicana residen cerca de un millón de haitianos la mayoría de manera irregular, población que se incrementó luego del devastador terremoto del 12 de enero de 2010 que destruyó gran parte de Puerto Príncipe y otras zonas haitianas.

El tema es uno de los más álgidos en las históricamente conflictivas relaciones entre las dos naciones que comparten la isla caribeña bautizada por los colonizadores como «La Española».

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