Unicef rechaza aumento de penas a menores
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Maria Jesus Conde representante de UNICEF habla en la rueda de prensa.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Unicef rechazó este jueves la elevación de penas a menores que cometan delitos, aprobada ayer por la Cámara de Diputados , y anunció que ha contactado con el Senado, donde debe continuar el tramite legislativo, para informar a los legisladores de las consecuencias de esta medida.
Los diputados de ese país caribeño aprobaron ayer la aplicación de penas más severas para los menores de 18 años que infrinjan la ley, iniciativa dirigida, según ellos, a reducir los niveles de criminalidad que afectan al país en los últimos años.
Las modificaciones establecen el aumento de 3 a 10 años de la pena máxima de prisión para los condenados en edades de entre los 13 y los 15 años, y de 5 a 15 años el máximo período de reclusión para los de edades entre 16 y 18 años.
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dijo, según medios locales, que el endurecimiento de las penas reducirá los delitos cometidos por menores.
Mientras, el presidente de la Comisión de Justicia del órgano legislativo, Demóstenes Martínez, aseguró que antes de aprobar la pieza, los diputados consultaron a organismos locales como el Consejo Nacional de la Niñez (Conani) e internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La representante de Unicef en la República Dominicana, María Jesús Conde Zabala, aseguró, sin embargo, que ese organismo no ha sido consultado «en ningún momento» y negó que la mayoría de los delitos sean cometidos por menores y adolescentes.
En conferencia de prensa, Conde aseguró que según la Procuraduría General de la República, a principios de 2012 había 22,000 adultos privados de libertad en el país, frente a 570 adolescentes.
«Un adolescente que comete un hecho delictivo debe ser sometido a una justicia democrática», declaró, y subrayó que Unicef no defiende que se exima de la acción de la justicia a los adolescentes.
Aseguró que estas medidas comprometen «el proceso de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes promovidos en la República Dominicana» y abogó por «la proporcionalidad de las penas».
Además, sostuvo que el vigente Código de Protección de los Derechos la Niñez fija penas «suficientes» para los menores.
«La privación de libertad tiene que ser el último recurso» y debe aplicarse «por el menor tiempo posible», tal como establecen «los tratados de derechos humanos que ha ratificado este país y que tienen rango constitucional», declaró.
Con estas medidas -dijo- «vamos a destrozar su vida y a desaprovechar ese tiempo en el que se puede trabajar» por su recuperación.
Defendió, en cambio, medidas que favorezcan el desarrollo de niños y jóvenes. «Lo que los adolescentes necesitan es educación de calidad. El 50 % de los adolescentes están fuera del sistema educativo», aseveró.
La elevación de las penas fue aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de noviembre de 2011, pero no fue refrendada en el Senado, por lo que la reforma quedó sin efecto al finalizar el anterior periodo legislativo y ha sido retomada en el actual.
La reforma debe ser aprobada en el Senado y después ratificada por el Gobierno, antes de su definitiva entrada en vigor.
En respuesta a las noticias aparecidas en las últimas horas en los medios de comunicación sobre la reforma del Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desea aclarar que:
El aumento de las penas no resuelve en nada los problemas de la inseguridad ciudadana. No son los menores de edad los responsables de la mayoría de los actos criminales que suceden en el país. Según fuentes de la Procuraduría General, a principios de 2012 había 22.000 adultos privados de libertad frente a 570 adolescentes.
Un adolescente que comete un hecho delictivo debe ser sometido a una justicia democrática. Elevar desproporcionalmente los años de privación de libertad de los adolescentes en conflicto con la Ley implica privar aún más a los pobres del derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a la formación y al empleo.
Cualquier propuesta de reforma legal que afecte a los derechos fundamentales, en este caso la infancia, debe tener en cuenta las opiniones, informes técnicos y dictámenes de las organizaciones especializadas, como las integrantes de la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes (CEJNNA), y de UNICEF, agencia del Sistema de Naciones Unidas invitada por el Gobierno para colaborar en la realización de los derechos humanos de las personas menores de 18 años.
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