Carlos Gabriel García. diputado.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Diputado Carlos Gabriel García propuso a los líderes del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Dominicano la firma de un   “Gran Pacto Nacional” para la aprobación de la reforma fiscal sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, la ley de partidos políticos, la ley de garantías electorales y una ley sobre responsabilidad fiscal.

Manifestó que la democracia dominicana demanda el ejercicio de un liderazgo político responsable, que coloque los intereses permanentes del país por encima de los intereses personales y sectoriales.  Precisó que Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Miguel Vargas deben asumir el papel que la historia está colocando sobre sus hombros para garantizar la estabilidad política de la nación y mejorar la calidad de la democracia.

Recordó que Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch superaron la crisis que afectó al país después de las elecciones del 1994 mediante la firma de un pacto político que contempló un conjunto de reformas constitucionales que sirvieron para afianzar los valores y principios del sistema democrático dominicano.

El Pacto por la Democracia firmado por los líderes del PRSC, PRD y PLD sirvió de base para que el Congreso Nacional aprobara la prohibición de la reelección presidencial, 2) la separación de las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, a dos años de diferencia, 3) la doble vuelta, si ningún candidato obtenía más del 50 por ciento de los votos, 4) reformas al sistema judicial, y 5) la doble ciudadanía.

El legislador perredeista indicó que la comunidad política nacional debe convertir la crisis fiscal que amenaza la estabilidad económica y política del país en una oportunidad para promover una segunda ola de reformas para fortalecer el sistema de partidos políticos y la transparencia en la administración de los fondos públicos.

Explicó que la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Garantía Electorales garantizarán  que en el futuro el Estado no sea un factor determinante  en los procesos electorales y los candidatos a las posiciones electivas partan de un escenario caracterizado por la igualdad de oportunidades.