Francisco Domínguez Brito.

Santo Domingo.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó al Ministerio Público para que pongan en práctica realicen las acciones de lugar que conlleven a  erradicar la posible  comercialización de productos que tengan como consecuencia una afectación directa o indirecta a la salud e integridad física de las personas.

El magistrado Domínguez Brito ofreció la información al encabezar una rueda de prensa, donde leyó las instrucciones dadas a través de una comunicación que dirigió a los miembros del Ministerio Público, donde le ordena además, procesar a todos aquellos que resulten responsables de ese tipo de actuaciones, que calificó de nefastas.

“El derecho a la salud, a la integridad física y a la vida son derechos fundamentales inherentes a toda persona y consagrados con rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que los órganos públicos deben velar y dar seguridad a la población con relación a posibles situaciones atentatorias a tales derechos tan importantes para el desarrollo pleno”, manifestó Domínguez Brito.

Las instrucciones fueron dadas a procuradores generales adjuntos, procuradores generales titulares de cortes de apelación, procuradores generales de cortes de apelación, así como a fiscales titulares y sus adjuntos.

Detalló que recientemente se han ventilado en la opinión pública distintos casos de existencia de alteraciones en determinados productos de consumo humano, específicamente del azúcar, mediante la adición de compuestos orientados a engañar a las personas que los adquieren, y cuyas consecuencias generan de forma obvia un detrimento y peligro a la salud del pueblo dominicano.

El Procurador General refirió que el Artículo 156, numeral 3, de la Ley General de Salud, establece de manera expresa sanciones que abarcan un intervalo de 2 hasta 10 años, así como un rango de multas, ante la existencia de actuaciones como las de la especie, por lo que se encomienda a sustanciar de manera efectiva todos los procesos que sean necesarios acorde a la cantidad de casos que puedan presentarse.

“En virtud de lo anterior, igualmente se les instruye realizar los contactos de lugar con las diferentes direcciones regionales del Ministerio de Salud Pública, para que así las posibles acciones sean llevadas de manera conjunta y coordinada con dicha institución”, expresó Domínguez Brito.

Agregó que de ninguna manera esas actitudes, las cuales, tildó, de reprochables, pueden transcurrir sin tener como debida contraposición un estricto sistema de consecuencias a todo el involucrado.

“Esperamos que la presente instrucción sea cumplida y ejercida en plenitud”, declaró el Procurador General de la República”.

En otro aspecto, el magistrado Domínguez Brito declaró que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que nadie por su condición social se pude creer con derecho para ponerse por encima del sistema jurídico para perjudicar a los demás o a la sociedad.