Amable Aristy Castro

Santo Domingo, República Dominicana.- El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) imponer prisión preventiva como medida de coerción contra el senador Amable Aristy Castro, de la provincia

Altagracia, a quien acusa de haber cometido actos de corrupción durante su administración en la Liga Municipal Dominicana (LMD).
Domínguez Brito hizo la petición en una instancia dirigida al presidente de la SCJ, Mariano Germán, y a los demás jueces del tribunal, a los fines de que la institución apodere a un juez de la instrucción especial, debido a que Aristy Castro goza de jurisdicción privilegiada, en su condición de senador de la República.

La solicitud a la Suprema Corte se produce luego de que el jefe del Ministerio Público decidiera reactivar la investigación, luego de revocar un auto de archivo provisional dispuesto por el titular de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, a favor del ex secretario de la Liga Municipal Dominicana.

Esta última decisión había sido adoptada mediante auto No.03099, en ocasión de los informes de auditoría practicados por la Cámara de Cuentas, durante el período comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre de 2006.

De acuerdo a la auditoría, en la gestión de Aristy Castro se gastaron 159 millones de pesos en “ayudas” a personas y en compra de alimentos, además de otros 32 millones pagados a personas que ni siquiera se asoman por la institución.

En ese sentido, Domínguez Brito dijo que los resultados de las auditorías practicadas en el 2006 y 2009 son suficientes para iniciar una investigación y que es responsabilidad del ministerio público perseguir todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan elementos para verificar su ocurrencia.

La pasada semana, los doctores Julio Cury y Marino Félix, abogados de Aristy Castro, presentaron ante la Suprema Corte un recurso de objeción en contra de la revocación del auto mediante el cual el Procurador General de la República decidió retomar la investigación que se le hace por los alegados actos de corrupción .