Habría sido mi deseo, por estos tiempos,  permanecer en un segundo plano, al margen del debate nacional, y sólo limitarme, en mi calidad de Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, a estimular y apoyar las medidas de las actuales autoridades gubernamentales encaminadas a promover el progreso y el bienestar de nuestro pueblo.

Sin embargo, la manera sinuosa en que desde cierta parcela de la opinión pública nacional se ha venido abordando el tema relativo a la reforma fiscal, recientemente  convertida en ley, me impulsa a formular algunas aclaraciones que espero contribuyan a despejar confusiones en determinados ámbitos de la sociedad dominicana.

Estoy consciente del legítimo derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana de albergar alguna preocupación, dudas, temores o interrogantes en torno a la referida reforma fiscal, pero sobre ese particular, lo primero que quisiera empezar por decir es que la idea de una reforma fiscal no surgió al azar, de manera imprevista o sorpresiva, sino que fue parte de las consultas, del diálogo y del esfuerzo de concertación que durante dos años se realizó con distintos sectores de la vida nacional en relación con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

En esa estrategia, inclusive, se acordó suscribir un acuerdo o pacto con respecto a tres áreas sensitivas del país: la educación, el sector eléctrico y el sistema fiscal.

Tal como lo recuerda el primer considerando de la recién aprobada Ley de Reforma Fiscal, en enero de este año 2012 fue promulgada la ley No. 1-12, que consigna la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y en la misma se indica “La necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral.”

En el artículo 36 de la referida ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se precisa,  entre otros elementos, que “El pacto fiscal implicará que en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.”

Es decir, en la Estrategia Nacional de Desarrollo ya se hablaba de un pacto fiscal,  orientado, entre otros factores, a elevar la presión tributaria.

Por su parte, en un informe del Fondo Monetario Internacional, de fecha 13 de diciembre del 2011, bajo el título de, Medidas Tributarias para el Ajuste Fiscal, se indica que:

“Las autoridades dominicanas y el FMI estimaron en septiembre del 2011 que será necesario implementar medidas de ajuste equivalentes a 3.5 por ciento del PIB…”

Más adelante, el informe del organismo crediticio internacional decía que: “Este es el tercer año consecutivo en que la República Dominicana tendrá que producir un paquete tributario cuyo objetivo es reforzar sus ingresos.”

Por su lado, cinco días antes de la celebración de las elecciones presidenciales,  esto es, el 15 de mayo de este año, en declaraciones ofrecidas al periódico Hoy, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), planteó la búsqueda de una reforma fiscal integral, no de un parche tributario, como denominó a las reformas previas.

El CONEP consideró necesario, también, un análisis profundo del sistema tributario y de gastos administrativos del país, y de cómo devolver competitividad a los sectores productivos.

Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar con el próximo Gobierno para que la reforma fiscal integral sea una realidad.

Como puede observarse, desde hacía tiempo venía debatiéndose en el país la necesidad de suscribir un pacto fiscal que estuviese dirigido a la realización de una reforma fiscal integral, que implica, entre otras cosas, como se ha dicho,  el incremento de la presión tributaria o fiscal.

Es con ese incremento de la presión fiscal como se haría posible cumplir con los compromisos de la Estrategia Nacional de Desarrollo en favor, por ejemplo, de la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad ciudadana, el sector agrícola y las medianas y pequeñas empresas.

El rechazo de algunos sectores a las llamadas “reformas de parche” se debe al hecho de que desde el año 2000 a la actualidad se han elaborado nueve reformas fiscales, y el resultado ha sido que en el 2000, la presión fiscal fue de 12.5 por ciento del PIB, y en el 2011, de 12.7 por ciento del PIB.

Dicho con otras palabras, durante diez años se implementaron 9 reformas fiscales y la presión tributaria con respecto al Producto Interno Bruto quedó prácticamente estancada.

De igual manera, es preciso  recordar que como resultado de la apertura de nuestra economía y de la suscripción de acuerdos de libre comercio, como el RD-CAFTA y el de Asociación Económica con la Unión Europea  (EPA), la estructura tributaria del país se modificó de manera radical.

En lugar de depender de los impuestos provenientes del comercio exterior, cobrados en Aduanas, como siempre había sido, se traspasó a Impuestos Internos la responsabilidad de ser el principal ente de recaudación fiscal del país.

De esa manera, las recaudaciones aduanales, que en el año 2000 constituían el 34.8 por ciento de los ingresos totales del gobierno,  pasaron a representar solamente el 8.2 por ciento en el 2011.

En ese cambio de la estructura tributaria nacional, de impuestos aduanales a impuestos internos, la compensación entre un tipo de tributo y otro nunca se produjo en la forma en que inicialmente  había sido concebida.

Más aún, debido a la aplicación de varias de leyes de incentivos y concesiones   tributarias, dirigidas, fundamentalmente, a promover el crecimiento económico, la productividad  y el empleo, se generó también, aunque de manera involuntaria, un debilitamiento de la presión fiscal.

En el año 2007, en el punto máximo de recaudación de nuestra historia financiera moderna, la presión fiscal llegó a alcanzar 16 por ciento del PIB.  Pero desde entonces hasta la fecha ha habido una disminución de 3.3 por ciento, lo que nos coloca en estos momentos,  en tan sólo 12.7 por ciento del PIB.

Ese es el problema fundamental del sistema fiscal de la República Dominicana. El hecho de que sea uno de los países con más bajo nivel de recaudación de la riqueza nacional, no sólo de América Latina, sino del mundo.

En Brasil, la presión fiscal es de 35 por ciento. En Argentina, de 30 por ciento. En Jamaica, es de 24 por ciento. En Uruguay, de 23.2.  En Nicaragua, de 22 por ciento. En Bolivia, 22.6, y en Chile, de 21.6.

En los Estados Unidos, la presión fiscal es de 28.2 por ciento.

En Europa, donde después de la Segunda Guerra Mundial se erigió el denominado Estado Benefactor, de orientación ideológica socialdemócrata, la brecha de la presión fiscal con respecto a nosotros es aún mayor.

En Suecia, por ejemplo, la presión fiscal es de 49 por ciento. En Finlandia, de 46 por ciento. En Francia es de 44 por ciento. En el Reino Unido,  de 42 por ciento. En España,  de 39 por ciento. En Italia, de 41 por ciento.

Eso fue lo que hicieron los partidos socialdemócratas europeos en el poder, y que parecen olvidar sus aliados criollos. Crear un Estado fiscalmente fuerte para enfrentar con políticas redistributivas y sentido de equidad, las demandas sociales de la población.

Pero, hasta en África, el continente con menor desarrollo del planeta, el promedio de presión fiscal ronda el 20.1 por ciento.

Aquí, en la República Dominicana, repito, es de tan sólo 12.7 por ciento, el más bajo de América Latina, con excepción de Haití; y así, con un Estado fiscalmente pobre, débil, no puede producirse el nivel de desarrollo, de progreso y bienestar que anhelamos para nuestra sociedad.

Por esa razón, desde hace varios años las fuerzas vivas de la nación han estado reclamando la realización de una reforma fiscal integral.

Ahora bien, si durante varios años, y más recientemente, hasta antes de las pasadas elecciones presidenciales, el debate en torno a la reforma fiscal giraba alrededor de la ejecución de una reforma integral que contemplase el incremento de la presión fiscal con respecto al Producto Interno Bruto,  ¿cómo fue que en la opinión pública nacional se tejió la idea de que la reforma fiscal era la consecuencia del déficit fiscal proyectado para este año 2012?

En adición,  ¿de dónde se extrae la peregrina tesis de que un déficit fiscal equivale a un fraude fiscal, y por consiguiente, a un delito que merece ser perseguido por la vía judicial?

Cuando observamos el panorama económico mundial, nos damos cuenta que ese, precisamente, es uno de los problemas que con mayor intensidad afecta, inclusive, a las economías de mayor desarrollo.

En el Reino Unido, por ejemplo, el déficit fiscal fue en el 2009, de 10.4 por ciento del PIB; en el 2010, de 9.4 por ciento; y en el 2011, de 9.8 por ciento.

En Japón, el déficit fiscal, en el 2009, fue de 11.2 por ciento; en el 2010, de 9.4 por ciento;  y en el 2011, de 9.8 por ciento.

En España, el déficit fiscal fue de 10.2 por ciento en el 2009; de 9.4 por ciento en el 2010; y de 8.9 por ciento en el 2011.

En los Estados Unidos, el déficit en el 2009 fue de 8.9 por ciento; en el 2010, de 7.8 por ciento; y en el 2011, de 6.6 por ciento.

En ese país, que constituye la más importante economía del mundo, se estima que si no se aumentan los impuestos, se dejan sin efecto los recortes fiscales realizados por el presidente George W. Bush y no se aumenta el techo de la deuda, a más tardar para el mes de enero del año próximo, es decir, el 2013, Estados Unidos caerá en lo que se ha denominado, un precipicio fiscal.

¡Imagínense ustedes, la mayor economía del mundo, en peligro de caer, no en un hoyo, sino en un precipicio fiscal.!

Sin embargo, como en ese país se respeta la opinión pública y la misma no puede ser manipulada de manera antojadiza, sin consecuencias, a nadie se le ocurre la descabellada insensatez de considerar que un déficit fiscal sea sinónimo de fraude fiscal, y por lo tanto, de delito.

Eso sólo sería el engendro de un cerebro más orientado hacia la calumnia que a la razón, a la manipulación que a la verdad, y a un alma tenebrosa corroída por bajas pasiones.

Un déficit fiscal se refiere al hecho de que en el transcurso de la ejecución del presupuesto de un año, el total de gastos excede el de los ingresos.

Pero resulta que eso ocurre generalmente en casi todos los países del mundo, año tras año, como acabamos de ver, y de lo que se trata, más bien, es de establecer un límite, o tope, para que resulte manejable.

Ahora mismo, en medio de la gran crisis de la Eurozona, lo que Alemania ha sugerido es que se suscriba un pacto entre los países miembros de la región para que el déficit fiscal no exceda del tres por ciento del Producto Interno Bruto.

No se dice, sin embargo, que se elimine, de una vez por todas, el déficit fiscal, y esto así, porque en todas partes del mundo, salvo algunas personas aquí, se reconoce y se comprende que el déficit no es nada nefasto ni pecaminoso, sino, simple y llanamente,  una forma de financiar una necesidad que se tiene en un momento determinado sin contar con los recursos suficientes para satisfacerla.

Cuando alguien compra “fiao” o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda.

En la República Dominicana, en el 2009, el déficit del sector público consolidado, que abarca el Gobierno Central, las instituciones autónomas y descentralizadas, las empresas públicas y el sector público financiero, fue de 4.2 por ciento del PIB; en el 2010, de 4.3 por ciento; en el 2011, de 4.7 por ciento; y para este año, 2012, se proyecta en 7.8 por ciento del PIB.

Esa proyección de 7.8 por ciento del PIB, como déficit fiscal para el 2012,  que equivale, según las cifras proyectadas,  a 187 mil millones de pesos, ha generado inquietud en  distintos sectores de la vida nacional, y por tal motivo requiere de una clara explicación,  como bien lo merece el pueblo dominicano.

En tal virtud, es preciso indicar que en el presupuesto original para este año 2012, se contempló que el Gobierno Central, excluyendo los pagos a la  Corporación Dominicana de Electricidad y la recapitalización del Banco Central, tendría un superávit de 12 mil millones de pesos, semejante a 0.5 por ciento del PIB.

Sin embargo, no resultó así. En lugar del referido superávit,  lo que se ha producido es un déficit del Gobierno Central de 78 mil 700 millones de pesos, lo que equivale al 3.4 por ciento del PIB.

¿Qué pasó? ¿Despilfarró el gobierno ese dinero? ¿Lo utilizó de manera imprudente e irresponsable?

Nada de eso. Lo que ocurrió, primero, fue que tal como se desprende del documento del Staff Report del FMI, en la tabla denominada, República Dominicana, Programa Fiscal, como porcentaje del PIB,  se estableció la proyección de que el país tendría, para este año, 2012,  recaudaciones totales ascendentes a 360 mil millones de pesos.

La realidad, sin embargo, por lo que se proyecta, es que no será así, y que por lo tanto, este año terminaremos  con ingresos inferiores a los 320 mil millones de pesos.

¿Qué significa eso?

Significa que hay 40 mil millones de pesos menos que simplemente no ingresarán al Gobierno dominicano, y que, por consiguiente, forman parte del déficit, fruto de la caída que se ha experimentado en la recaudación fiscal del Estado dominicano.

En segundo lugar, se estimó que la Corporación Dominicana de Electricidad tendría un déficit,  este año, de 270 millones de dólares, o lo que es igual, de 11 mil millones de pesos.

No obstante, viene a suceder que el déficit del sector eléctrico ya no será por esa cantidad, sino por 1 mil 270 millones de dólares, igual a  51 mil millones de pesos.

En tercer lugar, el Banco Central, a pesar de haber sido dirigido, durante varios años, con gran destreza y habilidad por su Gobernador, el licenciado Héctor Valdez Albizu,  todavía, como consecuencia de la crisis financiera del 2003-2004, requiere ser recapitalizado cada año con recursos provenientes de las recaudaciones fiscales y mediante la emisión de certificados de depósito que realiza la propia institución bancaria.

Esa crisis financiera del 2003-2004, origina un déficit, sólo para este año, del sector público consolidado, de más de 49 mil millones de pesos.

De manera que, como puede apreciarse, en tres renglones nada más, en los recursos que no ingresarán, el aumento del subsidio al sector eléctrico y en la recapitalización del Banco Central, hay 141 mil millones de pesos del déficit fiscal.

Eso equivale a decir, entonces, que de los 187 mil millones de pesos que se estima sería el déficit del sector público consolidado para este año, hay 141 mil millones que ya sabemos no estaban bajo el control del Gobierno Central.

Y con el resto, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los 46 mil millones de pesos  restantes? ¿Desaparecieron por arte de magia?

Tampoco. Se invirtieron en proyectos y en áreas institucionales previstas en el presupuesto y aprobadas por el Congreso Nacional.

Por ejemplo, los programas sociales, tales como Tarjetas de Solidaridad, el incremento del número de afiliados al seguro social a través de SENASA, los Comedores Económicos y el Plan Social, requirieron más de 1 mil 500 millones de pesos, en adición a los originalmente presupuestado.

El aumento salarial a los militares y policías, así como de las pensiones, a principios de año, significó más de 2 mil millones de pesos.

Los aportes al Plan de Jubilación del Gobierno, en sentido general, también recibieron recursos adicionales, por unos 2 mil millones de pesos.

El Congreso requirió 300 millones de pesos suplementarios. La Suprema Corte de Justicia, 390 millones. La Junta Central Electoral, 300 millones. El Tribunal Constitucional, 250 millones de pesos. El Tribunal Superior Electoral, 100 millones.

A la Universidad Autónoma de Santo Domingo se le asignaron 543 millones de pesos, en adición a su presupuesto original.

El costo de la pignoración y el subsidio a la exportación de la sobreproducción de arroz, ascendió a 1 mil 400 millones de pesos.

La no transferencia al usuario de los altos precios de los combustibles, tuvo un costo fiscal de más de 6 mil millones de pesos.

Todo eso sumado excede los 15 mil millones de pesos, que el Gobierno ejecutó en programas y asignaciones contemplados en el presupuesto del 2012, aprobado por el Congreso.

Al sumarse 141 mil millones de pesos de los recursos que no ingresarán, el subsidio al sector eléctrico, la recapitalización del Banco Central y los 15 mil millones de pesos a los que acabamos de hacer referencia, el resultado es de 156 mil millones de pesos.

Pero el Gobierno invirtió también más de 30 mil millones de pesos en proyectos de infraestructuras, que fueron reclamados por las poblaciones de las distintas comunidades como parte de sus planes de desarrollo local, y que fueron contemplados, de igual manera, en el presupuesto del 2012.

Entre esos proyectos se encuentran los avances para la culminación de la segunda línea del Metro de Santo Domingo; la segunda etapa de la carretera Santo Domingo-Samaná; la carretera El Río-Jarabacoa; la Autopista del Coral; el Corredor Duarte; la carretera Dajabón-Monte Cristi; la carretera Higuey-Nisibón; la carretera Mao-Santiago Rodríguez; la carretera Pedernales-Aguas Negras; la carretera Barahona-Neyba; la carretera Isabela-Estero Hondo-La Playa, en Puerto Plata; la carretera Barranca-Maguey-Cayetano Germosén, en la provincia Espaillat; la carretera La Guásuma-La Bajada-La Cueva-Los Brasitos, en la provincia Duarte.

Igualmente, se construyeron los puentes de Baitoa, en Santiago; Masipedro, en Bonao; y los de Bajabonico, Imbert; Unijica, y Mango de Yásica, en Puerto Plata.

Se realizó la construcción, equipamiento y amueblamiento  de la Torre Tecnológica y de la Torre Administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De igual manera, la construcción del Comedor Universitario y la remodelación de las facultades de Ingeniería y Ciencias Jurídicas de la UASD.

Una obra destinada a cambiar la naturaleza de la educación superior, edificada en el 2012, fue el Instituto Técnico Superior, ITESCO.

Se construyeron obras deportivas, religiosas, recreativas y comunitarias.

Se remodeló y amplió la Biblioteca Nacional. Se construyeron las bibliotecas de Bonao y Maimón. Se construyó el Auditorio Centro Juvenil de La Romana, el Centro Cultural de San Juan, la Biblioteca Municipal de Hato Mayor, entre otras obras culturales.

Con respecto al sector salud, durante el 2012, se construyeron e inauguraron, en la Ciudad de la Salud, el Hospital Materno-Infantil, Dr. Reinaldo Almánzar, el Hospital Pediátrico, Dr. Hugo Mendoza y las nuevas instalaciones de PROMESE.

Se construyó el Hospital Público de Monte Plata; el de Hato del Yaque y  Hospital de Baitoa, en Santiago de los Caballeros; el Centro Regional Diagnóstico por Imágenes, Dr. Francisco Gonzalvo, en La Romana; el Hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal; el Hospital Público de Partido, en Dajabón; la remodelación del Hospital Toribio Bencosme de Moca, la del Hospital Padre Billini y la del Materno-Infantil San Lorenzo de Los Mina.

Una obra que representa una profunda transformación del sistema de salud en la República Dominicana fue igualmente inaugurada en el 2012. Se trata  del Instituto Nacional del Cáncer, Dra. Rosa Emilia Tavares, la cual ha recibido el merecido elogio por parte de la comunidad médica, tanto nacional como internacional.

Se inauguraron centenares de escuelas en todo el territorio nacional, en tiempo record. Se construyeron más de 3 mil 300 unidades habitacionales en todo el país. Se ejecutaron 36 proyectos de construcción de acueductos, así como 50 adicionales de mejoramiento, rehabilitación y extensión de redes y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Se terminó el Merca Santo Domingo.

Y se ejecutó el Tercer Plan Nacional de Asfaltado, el cual abarcó 1 mil 500 kilómetros de calles y avenidas en todo el territorio nacional.

Por la cantidad de obras y proyectos al alcance de la vista de todos, en todo el ámbito nacional, podrá advertirse que el déficit fiscal proyectado para el 2012 no es ni un fraude ni un delito.

Es la ejecución de una inmensa y memorable obra de gobierno, de la cual, como dominicanos, deberíamos, sin mezquindad alguna, sentirnos  orgullosos, realizada en medio de la más profunda crisis económica mundial de los últimos años, y bajo las precariedades y limitaciones de uno de los Estados más débiles del mundo en términos de recaudación fiscal.

Comprendo que podamos preocuparnos, de manera genuina y auténtica, por el déficit fiscal, en razón de las implicaciones que pueda tener con respecto a la sostenibilidad de la deuda.

Y aunque con respecto a la deuda, siempre hay que ser prudentes y cautelosos,  cabe señalar que en estos momentos la mayor parte de nuestra deuda es con los organismos multilaterales, como el BID, el Banco Mundial, la Agencia Francesa para el Desarrollo, el BNDES, de Brasil, y la Corporación Andina de Fomento.

Esas instituciones financian proyectos de desarrollo social a largo plazo y con bajas tasas de interés, como también resulta ser el caso del  programa de Petro Caribe, que se asume a 25 años, con un plazo de gracia de dos y una tasa de interés de 1 por ciento.

Para que se tenga una idea de la forma responsable en que el Gobierno dominicano manejó la deuda externa, conviene poner de relieve lo establecido por JP Morgan, uno de los más grandes y prestigiosos bancos de inversión del mundo, cuando en su nota de coyuntura sobre nuestro país, de la semana pasada, declaró que el nivel de deuda del Gobierno dominicano terminará en el 2012 bastante moderado en relación al resto de América Latina.

Eso quiere decir, que para los mercados financieros internacionales, la deuda de la República Dominicana, no sólo no es una preocupación sino que está bien calificada.

Así lo perciben los inversionistas de grandes capitales del mundo, cuando compran y venden bonos del país a tasas por debajo del 5 por ciento, según se establece en el portal noticioso de negocios, Bloomberg, lo que es inferior a las que habíamos alcanzado en todas nuestras transacciones financieras previas.

Con la reciente aprobación de la Ley de Reforma Fiscal, a lo que el Presidente Danilo Medina aspira, para poder cumplir con sus promesas de política social, es que para el 2013 podamos recuperar los ingresos dejados de percibir durante este año;  y así, continuar avanzando por senderos de prosperidad  y desarrollo social.

Pero, desafortunadamente, hay en el país fuerzas políticas que aunque por su tradición ideológica deberían favorecer un Estado fuerte, se oponen, formulando alegatos que más bien caen en el campo de la manipulación, la calumnia, el infundio y la maledicencia.

Pero como ocurre siempre en la historia de los pueblos, la calumnia no pasará. La mentira se desplomará; y la vileza y la infamia no encontrarán terreno fértil donde germinar.

Por el contrario, la verdad resplandecerá. La razón se impondrá. La decencia y el respeto predominarán; y el sentido de dignidad, de decoro y de amor por Dios, el Todopoderoso, iluminará nuestro camino hacia la conquista de nuevas metas de paz, de progreso y felicidad para el pueblo dominicano.

¡Qué viva la República Dominicana!

¡E´Pa´lante Que Vamos!

Muchas gracias.

Buenas noches.