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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Revolucionario Dominicano afirmó  hoy que la sociedad dominicana no puede aceptar con indiferencia una reforma tributaria que es injusta e ilegítima, porque con ello aceptaría como válido el sistema que ha dado lugar al déficit de 187 mil millones de pesos que no fueron utilizados para proveer más escuelas, más hospitales con medicinas, seguridad, alimentación y empleo al pueblo dominicano, sino que fueron dilapidados con fines electorales y de enriquecimiento de una casta que se ha apropiado de la gestión del Estado para fines particulares.

En documento entregado a sus legisladores en el Congreso Nacional, por el Secretario General, Orlando Jorge Mera, acompañado de Luis Abinader, Cesar Cedeño, Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea Guerrero, Ramón Alburquerque, entre otros, mientrasparticipaban en una marcha organizada por grupos populares, la organización  opositora reitera que este paquetazo fiscal es injusto por su contenido, pero mucho más injusto e ilegitimo porque el Gobierno y una parte de los legisladores han decidido resolver el problema del déficit fiscal extrayendo más dinero de los bolsillos de la gente, en lugar de corregir las causas que dieron origen al enorme descuadre en las finanzas gubernamentales.

El documento fue recibido por los diputados encabezados por el doctor Hugo Tolentino Dipp, José Santana, Eugenio Cedeño, Julio Encarnación, entre otros.

Establece que la insistencia del Gobierno y de una parte de los legisladores y legisladoras en imponer a la sociedad una injusta reforma tributaria nos reúne hoy aquí, en este acto de protesta que convocamos el Movimiento Justicia Fiscal, el Foro Social Alternativo y un conjunto de agrupamientos de organizaciones sociales, populares, sindicales y comunitarias.

Las organizaciones y personas que concurrimos hoy ante el Congreso Nacional,  lo hacemos para expresar nuestro repudio a la actitud de encubrimiento del conjunto de prácticas ilegales de dispendio y corrupción que dieron origen al déficit.

La sociedad dominicana no puede aceptar con indiferencia una reforma tributaria que es injusta e ilegítima, porque con ello aceptaría como válido el sistema que ha dado lugar al déficit de 187 mil millones de pesos. Ciento ochenta y siete mil millones de pesos que no fueron utilizados para proveer más escuelas, más hospitales con medicinas, seguridad, alimentación y empleo al pueblo dominicano, sino que fueron dilapidados con fines electorales y de enriquecimiento de una casta que se ha apropiado de la gestión del Estado para fines particulares.

Lo peor es que el Gobierno convocó a organizaciones sociales, populares, sindicales y empresariales a discutir soluciones en el marco del Consejo Económico y Social. Pero, como los representantes de los tres sectores coincidimos en que había que sanear el gasto antes de establecer nuevos impuestos, y establecer responsabilidades y sanciones para que nunca más vuelva a ocurrir el desorden fiscal de 2012, se optó por suspender el diálogo e imponer las medidas tributarias sin resolver los problemas de fondo en el manejo del presupuesto nacional.

El gobierno y los senadores pretenden que la población les firme un cheque en blanco, poniendo en sus manos más recursos sin estar seguros de que los mismos serán utilizados con eficiencia y transparencia para atender las principales necesidades de la ciudadanía. La población tiene sobradas razones para no creer en gobiernos que no muestren una firme disposición a enfrentar el clientelismo y la corrupción. ¿Cómo se puede confiar en autoridades que mantienen instituciones que no brindan ningún servicio a la población y más bien son utilizadas para pagar favores de campaña?

¿Cómo confiar en autoridades que se niegan a  identificar y someter a la justicia a los responsables del mal manejo y expropiación de los recursos que con tanto esfuerzo la población pone en manos del gobierno, y que por el contrario se empecinan en que el pueblo pague con más impuestos los platos rotos de una fiesta donde no participó?

No, no y no, la sociedad dominicana no está dispuesta a seguir financiando un Estado que utiliza gran parte de los recursos para mantener privilegios irritantes, clientela política y la corrupción criminal. La ciudadanía demanda acciones contundentes que demuestren que se hará un uso eficiente de cada centavo que se le entregue al Estado dominicano. Los legisladores y legisladoras no pueden pedir que las familias se aprieten los cinturones, mientras estos siguen disfrutando de  barrilitos y cofrecitos para gastarlos a su antojo.

El gobierno y los Senadores han optado por hacer más de lo mismo en lugar de tomar medidas para restaurar la confianza, poniendo el bien común por encima de los pequeños intereses grupales y particulares.

La postura en la que el Gobierno se ha empecinado es la de resolver el problema mediante el incremento de los ingresos tributarios y tímidas reducciones del gasto, mediante una reforma tributaria que no es integral porque no resuelve los problemas de calidad y racionalidad del gasto. Esta propuesta de reforma tributaria carece de legitimidad porque no da garantías de que la locura de gasto del 2012 vuelva a repetirse el día de mañana.

La confianza de la sociedad en el Gobierno se ha roto, pues en lugar de corregir lo que está mal, la consigna parece ser “encubrir lo que está mal”.

Más grave aún ha sido la conducta del Senado, que en ostentación de una total unilateralidad y una prisa desmesurada ha aprobado al vapor la reforma tributaria sin tocar ninguna de las situaciones cuya solución es demandada por la sociedad. En su lugar han aprobado cambios tributarios que no contribuyen a la equidad tributaria y sin la más mínima preocupación por una política fiscal que responda a las necesidades colectivas.

Este paquetazo tributario no debe ser aceptado. Y no debe ser aprobado por la Cámara de Diputados. Porque es ilegítimo. Porque es injusto.

Porque casi el 30% de los recursos que el gobierno busca recaudar a través de nuevos impuestos provienen del aumento del ITBIS de 16% a 18% y de la inclusión en la base imponible de nuevos alimentos que forman parte esencial del aporte calórico de la población más pobre.

El aumento del ITBIS afecta más a los pobres que a los ricos. Veamos:

a)     Incorporar el aceite, azúcar y café representan el 22% de las kilocalorías percapitas de la canasta básica de alimentos consumidas en las zonas urbanas y el 21% en las zonas rurales. Esto implica más desnutrición de los más pobres.

b)     Con los aumentos propuestos del ITBIS de 16% al 18% y los nuevos productos incorporados implica un aumento de precios que es un 33% mayor en el quintil más pobre que en el quintil más rico. Esto significa más pobreza y peor distribución del ingreso.

c)     Los nuevos productos alimenticios a los que se les ha gravado con el ITBIS, representan el 10% de la canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas del quintil más pobre mientras que representa el 4.7% de la canasta de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas del quintil más rico. Esto significa peor distribución del ingreso.

d)     Los nuevos productos gravados con ITBIS afectan en términos absolutos casi 6 veces al quintil más pobre que al quintil más rico.

Es indignante pensar en el impacto de estas medidas en la población más pobre que, además de no recibir servicios públicos de calidad que consigan ir igualando sus oportunidades a las de los sectores más ricos, estén siendo castigados con medidas impositivas que proveerán de recursos a un Estado que no ha sido capaz de garantizar que esos recursos se utilizarán para crear capacidades en la población y que servirán para enriquecer a unos pocos, para financiar la corrupción y fomentar el clientelismo, alejándonos cada vez más de una sociedad basada en derechos.

Por eso emplazamos a la Cámara de Diputados a actuar con conciencia y rechazar esta reforma tributaria. En su lugar deben demandar al gobierno a presentar  un Presupuesto 2013 sin la introducción de nuevas cargas impositivas para la población. Para esto es necesario reorientar y eficientizar el gasto publico  tal y como se ha planteado en el seno del CES. Exigimos que este presupuesto no se elabore en función del historial o hechos pasados que validan los niveles de corrupción y clientelismo, sino en función de la justificación de necesidades de recursos sobre la base de los resultados que se quiere alcanzar; es decir un Presupuesto Base Cero. Este presupuesto debe centrarse en mejorar los servicios públicos a la población, cerrando brechas sociales históricas y cumpliendo con el compromiso asumido con la población de incluir el 4% del PIB para la educación preuniversitaria.

También consideramos que para “entusiasmar, motivar y comprometer a todos los sectores”, como plantea el Presidente, y “preservar la confianza en las políticas públicas”, es necesario establecer responsabilidades, sancionar a los responsables de la situación actual y crear una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades que impidan que se vuelva a poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y eviten que lo sucedido durante este año vuelva a ocurrir.

Las  ciudadanas y los ciudadanos que protestamos hoy somos sólo una parte de quienes hoy se sienten frustrados e indignados. Que se sienten estafados. Y que haremos resistencia al pago de impuestos sin garantía de manejo honesto. Sin identificar cómo se produjo este desastre en las finanzas públicas.

Hoy hemos marchado. Y marcharemos nuevamente, e iremos haciendo entender a todos los sectores que esta decisión gubernamental es injusta, ilegítima y no debe pasar.

Seguiremos llamando a la población a manifestar su rechazo, a exponer su indignación. Sí, estamos indignados, pero no nos conformaremos pacientemente: reclamaremos que se haga un saneamiento del gasto, que se impongan controles y medidas para que nunca más se vuelva a jugar con la confianza y la esperanza de la gente.

Cada día seremos más, quienes diremos No a la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Esta lucha apenas comienza. Y no parará hasta que tengamos un sistema fiscal justo y un ejercicio responsable de la gestión pública