AEIH.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia  Santo Domingo (AEIH) definió como “una distorsión dañina” la ley de incentivos a empresas instaladas en la zona fronteriza y consideró alarmante el costo de ese marco legal para el fisco frente a los empleos que ha generado hasta ahora.

El presidente de la entidad, Wadi Cano Acra, dijo que inquieta y hace pensar el hecho de que de 61 empresas aprobadas por esa legislación sólo operen 46, generando apenas 4,369 empleos a un costo de RD$257,000.00 cada uno, para un sacrificio fiscal de RD$930 millones anuales en exenciones impositivas y US$91 millones en exenciones arancelarias.

El dirigente empresarial pidió a los legisladores, que tienen la misión de estudiar a profundidad la ley 28-01 en un plazo de 60 días a partir de la última reforma tributaria, pensar en que sólo 3 de las 46 empresas establecidas bajo la legislación se benefician con el 80% de las exenciones fiscales.

A través de una nota enviada a este medio la AEIH planteó como una solución incentivar en la zona fronteriza sólo a las empresas innovativas y aquellas que generen productos complementarios o desarrollen bienes que no se estén produciendo en el país.

“Esta ley afecta negativamente todo el conjunto del sector productivo y, como consecuencia, en vez de crear plazas de trabajo y crecimiento económico, genera desempleo y prácticas comerciales lesivas bajo el pretexto de mejorar las condiciones de vida de una zona del país que merece una mejor suerte”, sostuvo el presidente de AEIH.

Denunció que, bajo el amparo de la legislación, empresas locales y extranjeras ha construido enclaves que distan apenas 60 kilómetros de urbes como Santiago, para competir con empresas ya establecidas que pagan sus impuestos y que han sido tradicionalmente generadoras de empleos en esas zonas.

Cano Acra consideró infuncional y absurdo que una ley cree un modelo que busque crear empleos en un lugar y destruirlos en otro, por lo cual llamó al sector productivo nacional en su conjunto a “pararse en dos patas” para enfrentar el problema sin dejarse chantajear de legisladores politiqueros, quienes desarrollan una cruzada  para mantener esa distorsión.