Santo Domingo.- Un grupo de organizaciones dominicanas reclamó hoy a la Procuraduría General que aplique la ley para detener los pronunciamientos a favor del régimen de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), considerado uno de los más crueles dictadores de América Latina.

El recurso, firmado por más de 12.600 personas, fue presentado por miembros de la Federación de Fundaciones Patriotas y el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La iniciativa forma parte de la campaña «Operación nunca más», que arrancó en noviembre para preservar «el respeto a las víctimas y el derecho a la verdad», según los organizadores, que acusan al nieto de Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo, de intervenir en foros públicos y medios de comunicación para defender la dictadura, que terminó el 30 de mayo de 1961 con la muerte del dictador en un atentado.

En concreto, los firmantes demandan la aplicación de la ley 5880 de 1962 que prohíbe alabanzas a la dictadura de Trujillo, así como una resolución judicial dictada en 2010 que prohíbe a la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina abrir una sede en el país y realizar «cualquier actividad que reivindique la Era de Trujillo», como se conoce el período en el que ese militar gobernó el país.

Al entregar la instancia al procurador general, Francisco Domínguez Brito, la directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, Luisa de Peña, subrayó que la dictadura de Trujillo «ha sido una de las más feroces de la región» y que «los crímenes y delitos cometidos durante la misma no han encontrado justa condena».

«Cientos de familia echan en falta a sus desaparecidos y muertos y sufren las secuelas de dicho régimen», dijo De Peña en presencia de Mayobanex Vargas Vargas, sobreviviente de una fallida expedición de exiliados dominicanos para derrocar al dictador en 1959 y declarado «héroe nacional».

También estuvo, entre otros familiares de víctimas de la dictadura, Leandro Guzmán, esposo de María Teresa Mirabal, asesinada junto a sus hermanas Patria y Minerva por órdenes de Trujillo, el 25 de noviembre de 1960.

Por su lado, el presidente de la Fundación 30 de Mayo, Eduardo Díaz, pidió al procurador detener la apología al régimen, que constituye «un atentado directo contra el honor, la dignidad de los héroes y de los mártires que devolvieron la libertad a los dominicanos, así como a todos los dominicanos que ya han superado este oscuro periodo», según sus palabras.

En ese sentido, el procurador aseguró que en el país no se puede tolerar «ningún tipo de estímulo de referencia a reivindicar acciones de algo que fue tan perverso».

Asimismo, afirmó que estudiará la instancia y hará «todo lo que nos corresponda, de conformidad con la ley» para detener estas acciones.

Fuente: diariolibre.com.do