Santo Domingo, Rep. Dominicana.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) negó hoy acusaciones en su contra de que presionó a un grupo de cerca de cien haitianos para que se acogieran a un programa de retorno voluntario a su país.

Los haitianos, extrabajadores de una empresa privada de procesamiento y exportación de coco, se instalaron durante más de un mes ante el Ministerio de Trabajo, en Santo Domingo, para exigir sus prestaciones laborales tras el cierre de la compañía.

Medios locales anunciaron la pasada semana el final de la protesta y el abandono de los haitianos del lugar tras un acuerdo al que llegaron con autoridades locales y organismos internacionales.

Las informaciones precisaron, no obstante, que los abogados de los haitianos, la mayoría de ellos indocumentados, denunciaron que estos fueron supuestamente engañados por autoridades de la Dirección de Migración local y de la OIM para que abandonaran la protesta.

Los haitianos alegaron que desconocían el contenido de un documento que firmaron en el que aceptaban las condiciones del plan de retorno.

La OIM salió hoy al paso de estas denuncias en un comunicado en el que resaltó que todos aquellos que se hayan acogido al proceso de regreso tienen la «opción de renunciar al mismo en cualquier momento» y si lo hacen se les dará de baja del programa.

Los trabajadores, señala la nota «no desconocían lo que estaban firmando, dado que OIM realizó esta labor con personal que habla crèole (lengua oficial de Haití) y español, de manera individual con cada beneficiario, tal como se viene haciendo desde hace más de tres años con resultados satisfactorios».

El programa de retorno que lleva a cabo la OIM en República Dominicana ha propiciado desde 2010 la vuelta a su país de 2.940 personas, la mayoría de ellas salidas de la vecina nación en busca de una vida mejor tras el terremoto ocurrido en enero de ese año, en el que murieron más de 300.000 personas.

Los beneficiaros de esta iniciativa reciben transporte y apoyo para la instalación en su lugar de procedencia, pequeñas cantidades para gastos iniciales y para la puesta en marcha de microempresas, así como programas de formación y seguimiento a su proceso y protección migratoria ante las autoridades.

En el caso del grupo de haitianos afectados por el cierre de la procesadora de coco, la nota indica que aunque decidan regresar, su proceso legal contra la compañía seguirá su curso y recibirán la mediación de OIM para comparecer ante los tribunales en el momento oportuno.

Sin embargo «la mayoría de individuos que conforman este grupo parece no entender que el proceso legal en curso puede tardar años en obtener un veredicto», añade el comunicado, que invita a quienes sigan interesados en acogerse al plan a ponerse en contacto con la organización. EFE