SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Gobierno desestimó la tarde de este jueves el acuerdo anunciado sobre el caso de Bahía de las Águilas, donde las autoridades pretendían hacer una negociación con las personas que poseen títulos de propiedad, a pesar de la litis por la titulación fraudulenta que se produjo en esa zona.

DECLARACION PÚBLICA

Procurando el mejor esquema posible que permitiera rescatar de la pobreza a los hombres y mujeres de nuestro Suroeste, el gobierno dominicano diseñó un plan que permitiera destrabar la larga litis judicial en que se encuentran los terrenos del litoral de la provincia Pedernales. A tal efecto, examinó diversos mecanismos de solución, de los cuales se escogió el más expedito y definitivo que es el acuerdo transaccional que han dado cuenta los medios de comunicación del país.

El indicado acuerdo mostraba la ventaja de obtener una solución rápida y definitiva, que permitiera convertir ese patrimonio en un bien aprovechable, mediante mecanismos jurídicos y financieros de gran transparencia, para promover los planes de desarrollo de dicha región que el gobierno había previamente estudiado y acordado.

Sin embargo, la propuesta de solución levantó críticas en cuanto a su legitimidad de parte de amplios sectores de la opinión pública. Hemos escuchado a personas e instituciones  de la sociedad, quienes critican que se realice un acuerdo con personas sobre las cuales pesa la acusación de haber obtenido de forma fraudulenta los títulos que están alegando en justicia.

En consecuencia, y por recomendación de la comisión de funcionarios encargados de viabilizar el referido plan, se ha desestimado el acuerdo anunciado, el cual no se había  formalizado a la fecha. Aguardaremos, entonces, un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes a cuyo cargo están las litis que afectan a los terrenos aludidos.

El Poder Ejecutivo confía en que las jurisdicciones apoderadas de la litis realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de los procesos y conclusión de los mismos. Así mismo, reclama del Procurador General de la República y de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional que asuman la responsabilidad de defender el interés del Estado en este caso. Nadie
acepta que tras 16 años de iniciado este litigio no se han producido sentencias definitivas que lo resuelvan.

El Gobierno reconoce el esfuerzo, dedicación y compromiso de los funcionarios que fueron comisionados para procurar la solución que habíamos adelantado, quienes actuaron por mandato expreso del Presidente de la República.

Reiteramos ante el País, que el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión, por lo que seguiremos explorando alternativas que nos permitan implementar el proyecto de desarrollo económico y social de toda esa zona, para sacar de la miseria y el abandono a cientos de miles de ciudadanos de la Zona Enriquillo.

Nuestra preocupación seguirá siendo lograr sacar de la miseria a los habitantes de las provincias del Suroeste, para lo cual es indispensable que pueda darse el uso adecuado a los recursos naturales que hacen de Pedernales un polo turístico de magnificas potencialidades.