SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El doctor Max Puig   denunció hoy como ilegítimo y contrario al interés nacional el poder especial número 7-13 que le otorgó el presidente Danilo Medina al consultor jurídico del Poder Ejecutivo César Pina Toribio, autorizándolo a llegar a una transacción judicial con el grupo de personas que durante 16 años, el Estado dominicano ha perseguido  en justicia por haberse constituido en asociación de malhechores, prevaricando, usurpando funciones y falsificando títulos para adueñarse de terrenos que no les pertenecen en el área protegida de Bahía de las Águilas.

Puig, ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y presidente de la Alianza por la Democracia (APD, en declaraciones ofrecidas HOY en rueda de prensa en la sede de su partido, advirtió:

“Danilo se mancha si permite repartir y privatizar el área protegida de Bahía de Las Aguilas”.

Y a seguidas recalcó:

“Llegar a acuerdos con los inculpados de asociación de malhechores, prevaricación, usurpación de funciones y falsificación equivale a exculparlos, convirtiéndose el gobierno en cómplice, al renunciar a sus obligaciones de proteger los bienes de la nación y perseguir a los delincuentes”.

Recordó que hace siete años, siendo ministro de Medio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, denunció públicamente a un grupo de legisladores que pretendía modificar la ley de áreas protegidas para eliminar algunas de éstas y beneficiarse de un fabuloso negocio inmobiliario anti ético e ilegal, en detrimento del pueblo dominicano”.

Subrayó que con el respaldo del movimiento ambientalista y de una parte considerable del pueblo dominicano se pudo frenar entonces el crimen ecológico y económico que se quería cometer.

Afirmó que no hay absolutamente ninguna razón valedera para que se le otorgue propiedad alguna a los beneficiarios de un “asentamiento agrario” a todas luces espurio realizado en terrenos no aptos para la agricultura.

Dijo que no hay absolutamente ninguna razón valedera para que se le otorgue propiedad alguna a los beneficiarios de un “asentamiento agrario” a todas luces espurio realizado en terrenos no aptos para la agricultura.

“La acción presidencial es absolutamente ilegítima, atenta contra el interés nacional y ningún dominicano o dominicana serio y patriota la debe aceptar”, significó.

Apuntó que el que se apropia de lo que no es suyo se llama ladrón y es obligación del Estado perseguirlo. El gobierno debe rectificar y revocar de inmediato el poder especial número 7-13 que entrega de manera ilegal un preciado patrimonio nacional.