Washington.- Varios grupos de la sociedad civil de la República Dominicana denunciaron este martes  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prácticas abusivas por parte de la Policía, llegando incluso al asesinato, lo que repercute en un «clima generalizado de inseguridad» en el país.

«El derecho a la seguridad ciudadana no está garantizado en la República Dominicana, una situación agravada por las actuaciones de la propia policía nacional», espetó Cristhian M.Jiménez, presidente de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia.

Según Jiménez, la policía es responsable de un 12 % de las muertes violentas producidas en el país caribeño, las que habitualmente son reportadas como «intercambios de disparos», cuando, a juicio de los peticionarios, en la mayoría de casos se trata de «abusos de la fuerza policial».

Además, en opinión de los grupos cívicos reunidos en Washington para la audiencia de la CIDH existe una «falta de transparencia» por parte del sistema judicial en las investigaciones sobre estas violaciones de los derechos humanos.

«Llevamos doce años sin defensor del pueblo, un cargo que debería servir para aplacar estas prácticas», se quejó el activista.

Con él coincidió la miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer Desiré del Rosario, quien achacó las prácticas abusiva a una corrupción policial causada por «las condiciones deplorables» en las que trabajan los agentes.

«Los bajos salarios son lo que más contribuyen a la corrupción policial. Un agente raso tiene un sueldo inferior a 170 dólares al mes», criticó del Rosario, quien solicitó a los comisionados de la CIDH una visita a la República Dominicana para comprobar «de primera mano» la situación, y pidió una nueva audiencia para realizar un seguimiento del caso en el plazo de un año.

Además, los peticionarios mostraron un vídeo en el que, presumiblemente, un agente de la policía dominicana asesina de un disparo a un hombre.

«Quiero hacer notar a los comisionados que el caso del vídeo mostrado por los miembros de la sociedad civil ya está siendo tratado por la justicia dominicana actualmente», defendió el embajador permanente del estado dominicano ante la Organización de Estados Americanos, Roberto B. Saladín.

Saladín admitió «un repunte de la violencia» en los últimos tiempos en el país, que achacó a la llegada de «grupos criminales, muy relacionados con el tráfico de drogas», pero quitó hierro a los abusos policiales, que consideró casos aislados.

«Hemos acentuado la actuación policial para luchar contra los grupos criminales, sí, pero siempre desde el respeto a los derechos y la dignidad humana», aseguró el embajador, quien recordó que la República Dominicana sigue siendo «un destino turístico confiable para muchas personas que nos eligen por el clima de paz y armonía».

Por su parte, la comisionada paraguaya de la CIDH Rosa María Ortiz criticó la, a su juicio, «falta de voluntad política» para nombrar un defensor del pueblo en la República Dominicana que contribuya a estabilizar la situación.

Artículo tomado de elnuevodiario.com.do