Habló durante juramentación de Comisión de Ética Pública del Ministerio de Hacienda.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director general de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo, advirtió este miércoles a la Barrick Gold que debe «medir las consecuencias de su negativa a dialogar y revisar su contrato con el Gobierno».

Al hablar durante la juramentación de la Comisión de Ética Pública del Ministerio de Hacienda, Castillo dijo que con la proposición de diálogo, el Gobierno busca una salida racional y equilibrada a favor de los intereses colectivos de la nación.

Manifestó que las variables del precio en el mercado del oro han sido analizadas desde el momento en que se firmó el contrato y “han surgido factores de rigor que exigen una revisión justa y equitativa, porque los beneficios se han transformado”.

“El precio del oro se ha enmendado y se ha encargado de desquiciar el contrato, de desajustarlo, de hacerlo inicuo; razón por la que se le ha pedido tomar medidas razonables en base a la equidad. De lo contrario, creo que el gobierno debe estar pensando en las consecuencias y en la ley para fijar los impuestos”, apuntó.

En otro orden, dijo que los servidores públicos deben procurar comportamientos correctos, dentro y fuera de la administración pública y luchar por el fortalecimiento de la estructura de gerencia pública.

En el acto de juramentación estuvo presente Simón Lizardo, ministro de Hacienda, quien destacó la importancia del cumplimiento y la correcta aplicación de las normas y políticas anticorrupción en el Estado.

Lizardo exhortó a los miembros que integran la CEP, mantenerse vigilantes ante los procesos administrativos que involucren la gestión y los servicios públicos.

Los miembros de la Comisión de Ética Pública del Ministerio de Hacienda juramentados fueron José del Rosario Bou, Rafael Calcaño Méndez, RadhamesJordan, JarouskaCocco, Bienvenida Calcaño, Massiel Montalvo Mena, José Ventura, Wendy Lizardo, ThomásSanlley.

Al final del encuentro, el Director General de Ética e Integridad recordó que la transparencia es un deber y una obligación debido a que existen leyes rigurosas que demandan un adecuado uso de los recursos administrativos, como son las leyes 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, 340-06 de Compra y Contrataciones Públicas, la 41-08 sobre Función Pública, entre otras.