Danilo Medina, presidente de RD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento Participación Ciudadana sostuvo este domingo que el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad firmado por el presidente Danilo Medina no ha sido cumplido, por lo que para su entender presenta una débil acción del gobierno.

El movimiento no partidista dijo que ha realizado un  Monitoreo al Protocolo desde el 16 de agosto del 2012 al 28 de febrero del 2013, con el objetivo de dar seguimiento a su cumplimiento y presentar un  Primer Informe al país sobre los avances, retos y dificultadas en la implementación de los compromisos asumidos por el Presidente Medina.

“Se observa una débil acción del  Presidente Medina para asumir las obligaciones asumidas, ya que de las 21 medidas 11 han sido evaluadas, de las cuales  el 63% han sido incumplidas, el 27% están en proceso y sólo el 9.9% se valora como cumplida, medidas en su conjunto que constituyen compromisos referidos a la lucha contra la corrupción,  la transparencia y la institucionalidad, expresó Participación Ciudadana.

Según PC el gobierno no cumplió con la estandarización de las informaciones en los portales Web de las instituciones públicas  en el plazo de los 150 días de gestión como indicaba el Protocolo,  “lo que evidencia  que aún no se implementa el proceso de sistematización de la información”.

“Segundo: no se aplica la Cuenta Única del Tesoro de manera integral  por lo que no se ha dado cumplimiento en el plazo de ciento treinta días (130) pautado, poniendo al desnudo la falta de voluntad política  y de acción colectiva de los responsables de dar seguimiento a éste compromiso”, señaló.

Las ponderaciones del Participación Ciudadana indican que:

Tercero:    A la fecha varias estructuras orgánicas de la administración pública fueron eliminadas otras  fueron unificadas, pero  la nómina pública no ha sido reducida por este concepto, muy por el contrario ha ido en aumento, no sólo en número de personas sino también en el monto de los salarios. Las medidas de disminución de estructuras orgánicas no son significativas, dado el impacto de desempeño de las mismas y  las pronunciadas duplicidades existentes, llama la atención la creación de una serie programas, comisiones e instancias que podrían estar originando nuevas duplicidades.

Cuarta: En relación a los nombramientos Ministros y Viceministros, lamentamos la violación del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece de manera clara y precisa, que la ley determinará los viceministros que se necesitan en cada ministerio y nunca más de 6, lo que quiere decir que previo a la designación de un tope de 6 viceministros, la administración pública debió  contar con un marco normativo  que indique sobre la base del principio de racionalidad,  cuántos y cuáles viceministros necesita cada ministerio de acuerdo a un perfil establecido  y las  competencias requeridas, labor que no se ha realizado aún,  sino que se procedió a nombrar en cada ministerio  de 5 a 6  viceministros sin determinar las necesidades de los mismos. Pero más grave aún es el hecho que si bien se han suprimido mediante Decreto al menos  137  posiciones a viceministros y subdirectores generales, lo que aparenta ser una formalidad ya que se ha identificado en algunos casos que los ministros y viceministros salientes han sido nombrados asesores o reubicados en funciones creadas, situación que supera la racionalidad administrativa y desdice de la austeridad   proclamada  y el sacrificio solicitado al pueblo dominicano.

Quinto: No se ha realizado ninguna acción para asegurar que el servicio exterior transite el camino de la profesionalización. A la fecha,  a seis meses del gobierno del Presidente Danilo Medina, el país lidera a la representación diplomática y consular con mayor número de miembros, compitiendo con las grandes potencias económicas.  En ese sentido, no se observa iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Carrera Especial Diplomática y Consular lo que contribuye a mantener los mismos nombramientos existentes y realizar nuevos nombramientos, lo que claramente nos indica que no hay una política clara de recursos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

Sexto: En torno a las Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios salientes y entrantes, que debieron realizarse en los treinta {30) días siguientes a su nombramiento, de los  21 Ministerios, se ha podido determinar que 14 Ministros han depositado su declaración jurada de bienes.  Los 7  restantes no se identifican puesto que no están disponibles en el portal de transparencia del Ministerio correspondiente. Tales son los casos de los Ministerios de Educación Superior, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y Recursos Naturales,  Obras Públicas, Salud Pública y Trabajo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo  ha impulsado por decreto  mediante la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental  el seguimiento a los funcionarios salientes y entrantes  a la presentación jurada de bienes y recomendar sanciones a aquellos que no han cumplido con la ley, así como mediante el numeral 6 del Código de Pautas Éticas, para que los funcionarios públicos depositen en detalle sus declaraciones juradas. En síntesis, no obstante todas estas iniciativas, a la fecha no se ha presentado a la sociedad dominicana un informe de verificación de las declaraciones como se estableció en el compromiso en un plazo de ciento veinte días (120) días.

Séptimo: En relación a las Iniciativas Legislativas Pendientes: Ley Integral de Declaración Jurada de Bienes, Enriquecimiento Ilícito,  Ley General de Salarios.  Lamentamos que por sexta vez  se somete el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito y aun no es aprobado no obstante el amplio consenso de esta pieza legislativa.  Igual suerte corre el Proyecto de ley de Salarios,  el cual continúa en un limbo en el Congreso Nacional.

Octavo: Las acciones y políticas de Prevención según Ley de Función Pública y Ley de Compras y Contrataciones. Si bien es cierto que con la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se percibió que se daría un impacto contundente a las acciones y políticas de prevención para evitar las violaciones del régimen ético de los servidores públicos, esta medida no ha sido lo suficientemente disuasiva en el comportamiento de los servidores públicos, pues subyace la percepción de que la corrupción continúa en el sector público.

Noveno: En relación al impulso de la Transparencia en las Industrias Extractivas. A la fecha no registramos ninguna acción o política concreta para el impulso desde el Gobierno dominicano de la  Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la  cual tiene como propósito monitorear este sector  para aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas y entidades ligadas al gobierno así como también aumentar la transparencia sobre los ingresos recibidos  por las operaciones en el país.

Décimo: En cuanto a la austeridad en el uso de la publicidad gubernamental es importante reconocer que se percibe una disminución sustancial del gasto  en publicidad oficial, por lo que en éste renglón se puede valorar que se ha cumplido con este compromiso, con mínimas excepciones. Está pendiente, que la Dirección General de Comunicación  (DICOM)  diseñe la normativa que regulará los gastos de publicidad y propaganda  del sector público, para que publicaciones  gubernamentales sean realizadas con criterios racionales y útiles a la ciudadanía.

Matriz de Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad