Roberto Saladin

SANTO DOMINGO.-  La República Dominicana solicitó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no convoque más audiencias temáticas para abordar el tema la nacionalidad dominicana, por entender que el Estado le ha proporcionado respuestas con suficiente fundamento jurídico y con base en el respeto a los derechos humanos y al principio de soberanía de los Estados.

Durante una audiencia celebrada en Washington, Estados Unidos, el Representante Permanente de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), embajador Roberto Saladín, defendió la autonomía, calidad y capacidad del país para determinar, de acuerdo a sus leyes, quiénes adquieren la nacionalidad dominicana y quiénes son considerados extranjeros.

Fue categórico al señalar que tanto la Constitución Dominicana como la Corte Constitucional establecieron claramente que “todo extranjero que se encuentre en territorio dominicano y que no gozare del estatuto migratorio de residente legal es una persona en situación de tránsito”, por lo que no le corresponde la nacionalidad dominicana.

En ese contexto, Saladín explicó que  “las madres que ingresan de forma irregular al país y que en ese ínterin, alumbran a una persona, la criatura no adquiere la nacionalidad dominicana, pues nace fuera de las categorías previstas en la Carta Magna para tales efectos”.

Sostuvo que en un Estado de derecho, la persona que viola los parámetros jurídicos para ingresar al país como inmigrante, carece de calidad legal para exigirle a ese mismo sistema institucional el otorgamiento de su nacionalidad.

En cuanto al alegato presentado por varias organizaciones que trabajan con el tema de los inmigrantes haitianos, sobre la denegación de solicitud de amparo de parte de los tribunales nacionales, indicó que en el país no existe una política discriminatoria donde se clasifique quiénes pueden o no acceder a la justicia.

Emplazó a las organizaciones de la sociedad civil que emiten comentarios de esa naturaleza a que demuestren con pruebas fehacientes, escritas o grabaciones, que algún empleado judicial le haya expresado a una persona de descendencia haitiana o nacional haitiano que no le recibiría su acción de amparo por su procedencia.

Con relación al argumento de la no ejecución de las sentencias que favorecen a los accionantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó, vía su Representante Permanente en la OEA, que las mismas aún no obtienen la decisión de la cosa irrevocablemente juzgada, porque han sido objetos de recursos ante las instancias jurisdiccionales superiores.

Durante la audiencia temática, que no tiene consecuencias para ninguno de los participantes y que de acuerdo al artículo 62 del Reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tiene por finalidad recibir información de las partes con relación a alguna petición relacionada con los derechos humanos, Saladín planteó al órgano internacional la siguiente solicitud:

“La República Dominicana solicita a la Honorable Comisión, con mucho respeto a su autonomía e independencia, no continuar convocando a audiencias temáticas sobre el tema de la nacionalidad, el cual entendemos ha sido suficientemente debatido en más de cinco oportunidades”.

De igual manera, al pronunciarse en otra audiencia sobre el derecho a la seguridad ciudadana en la República Dominicana, Saladín indicó que las instituciones del gobierno se empeñan cada día en brindar seguridad ciudadana, pero a la vez se ocupan de propiciar un clima de respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

Indicó que se establecen mecanismos para concienciar a los prestadores de servicios de seguridad pública sobre la importancia del respeto de estas prerrogativas del ciudadano y se ha instaurado un sistema de consecuencias para las violaciones que puedan producirse de las mismas.

Explicó que aunque en los últimos años el país ha sido afectado por la incursión de grupos criminales que han tomado la nación como puente de trasiego y que como consecuencia se generan acciones violentas y enfrentamientos, se han adoptado políticas de Estado tendentes a contrarrestarlos.

Recordó que el Presidente Danilo Medina anunció la puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Ciudadano como paso previo a un plan integral que como política de Estado se diseña para atacar de manera simultánea la delincuencia y sus causas