Rosalia Sosa Pérez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, hace de público conocimiento su profunda preocupación por la insuficiencia y naturaleza de los argumentos utilizados por la Fiscalía del Distrito Nacional en su decisión de archivar de manera definitiva la querella interpuesta por Guillermo Moreno en contra del expresidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), por corrupción y lavado de activos.

La Fiscalía, como institución encargada de realizar la investigación (Artículo 88 del Código Procesal Penal), no cumplió a cabalidad con su responsabilidad de llevar a cabo todas “las diligencias pertinentes y útiles”, para poder determinar si efectivamente ocurrió un hecho punible por la ley y quien o quienes serían los responsables. Solo al final de una investigación profunda y exhaustiva estaría la Fiscalía, en posición de tomar tan trascendental decisión.

La Fiscalía se limitó a escudriñar los escritos del querellante y del querellado, “llamando ‘indelicadezas’ a acciones (del querellado) que deben ser sancionadas penalmente” y que sirvieron de base a la querella, pero rechazando efectuar diligencias de investigación por estar convencida, a priori, “que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano(…)no es posible imputar determinadas conductas” como punibles, sin determinar si, por ejemplo, alguna “donación” a FUNGLODE se realizó por soborno o extorsión, en cuyo caso dejaría de ser una simple “indelicadeza”.

Las afirmaciones de la titular de la acción penal en el Distrito Nacional permiten la interpretación de que no existe independencia funcional y capacidad de actuación del Ministerio Público.

Participación Ciudadana no puede dejar de manifestar su seria inquietud ante el reconocimiento implícito del Ministerio Público, de que se siente “derrotado” frente al combate contra la corrupción administrativa debido a una insuficiencia legislativa, enviando un mensaje sumamente perjudicial a la ciudadanía, de que la lucha contra la corrupción es imposible frente a la carencia de normas que paralizan su actuación.