SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Participación Ciudadana (PC) ha tomado conocimiento por los medios de comunicación sobre una denuncia efectuada por el periodista Salvador Holguín el 18 de junio pasado, en el sentido de que durante una reunión entre dos generales activos de la Policía Nacional y unos abogados se planificó un atentado en contra de la vida del prestigioso periodista y reconocido miembro de PC, Fausto Rosario Adames, director del periódico digital Acento.com.
De acuerdo a la denuncia sobre el atentado, uno de los generales manifestó: “eso lo resuelvo yo porque él me la debe”, por supuestas publicaciones efectuadas por Fausto, que habrían afectado intereses del alto oficial de la Policía.
El propio Fausto Rosario confirmó el pasado sábado 22 del mes en curso, la denuncia efectuada por Holguín.
Asimismo, añadió que esperaba que la Policía pueda encontrar elementos que le permitan determinar quienes participaron en las dos reuniones y expresó que no descartaba “que exista una real voluntad de la Policía Nacional para hacer una investigación seria del caso”.
Es importante resaltar que en el año 2010, Fausto, a la sazón director del semanario Clave y Clave Digital, no solo fue objeto de amenazas en contra de su vida, sino que un médico en fisiatría, Sergio Rafael Rojas, quien guardaba un parecido físico con Fausto y en aparente confusión, fue asesinado a tiros en las inmediaciones del Jardín Botánico. Esta situación requirió la intervención del entonces presidente Leonel Fernández, quien ordenó al jefe de la Policía, Rafael Guzmán Fermín a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de Fausto Rosario,
Ante esta nueva y altamente preocupante denuncia, Participación Ciudadana hace un enérgico llamado al presidente Danilo Medina a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de Fausto Rosario Adames, un insigne abanderado de la libertad de expresión en nuestro país y miembro importante de nuestra institución.
Aprovechamos la ocasión para recordar que la jurisprudencia interamericana ha manifestado en reiteradas ocasiones que “atentados y amenazas contra periodistas y medios de comunicación implican un peligro para toda la sociedad y para la democracia, al impedir a la ciudadanía estar informada y limitar el debate libre y vigoroso de asuntos de interés público”.
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