El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró la extinción de las acusaciones contra el exadministrador del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán; su esposa, Reina Margarita Martínez, y su hermano Rafael Antonio Rodríguez Guzmán, principales acusados en el caso.

El fallo del tribunal argumenta que ha transcurrido el plazo establecido en la Justicia para conocer de las acusaciones contra el grupo, formuladas en 1996, sin que se haya producido una sentencia.

También ordena la conclusión de la persecución de los acusados de sustraer terrenos del Estado en Bahía de las Águilas, una zona declarada por el Estado como área protegida.

Los jueces que conforman el tribunal también ordenaron la ejecución de cualquier acto que restrinja el «efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales consagrados para estos ciudadanos por la Constitución de la República».

La decisión fue calificada de inmediato como «desastrosa y vergonzante» por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien anunció que recurrirá la sentencia.

El funcionario consideró que se trata de uno de los casos de corrupción más grandes que ha vivido el país y en el cual se ha pretendido despojar de uno de los mayores patrimonios que tiene la República Dominicana.

«Estamos hablando de miles de millones de pesos que se le pretende robar al pueblo y que un sistema de justicia no puede apoyar con la impunidad este tipo de acciones», manifestó.

Domínguez Brito calificó de «intolerable» el hecho de que un reclamo de la nación completa y de un pueblo, se deje de lado por atender intereses ajenos a la verdad y la justicia.

Las acusaciones contra Rodríguez Guzmán establecen que encabezó el reparto ilegal de decenas de hectáreas de Bahía de las Águilas simulando que eran para otorgarla a campesinos del lugar, cuando en realidad esas tierras no están aptas para el cultivo y se prestan al desarrollo del turismo en la zona.

Rodríguez Guzmán realizó esa operación desde su cargo de director del Instituto Agrario Dominicano en los últimos años del Gobierno que encabezó el expresidente Joaquín Balaguer (1986-1996).

Desde entonces, el expediente contra él ha ido y venido en la Justicia sin una sentencia definitiva, pero reclamando el Estado la devolución de los terrenos que considera pertenecen a un área protegida.