Santo Domingo, Rep. Dominicana.- Los miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE) no cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones, por lo que no procede un juicio político, según determinó ayer la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó el conflicto interno en ese organismo.

El impasse entre los funcionarios de la JCE surgió luego de la denuncia que hizo José Ángel Aquino, en torno a que supuestamente no se había entregado 22 mil 673 actas de nacimiento y otros documentos a ciudadanos hijos de inmigrantes haitianos.

De acuerdo al informe presentado por la comisión, que encabezó el diputado peledeísta Henry Merán, los titulares de la JCE han cometido imprudencias e inobservancias en la conducción y manejo de los temas investigados, “lo cual constituye un precedente a tomar en cuenta por la Cámara Baja, y que de repetirse dichas imprudencias el Congreso hará uso de sus perrogativas establecidas en la Constitución”.

Asimismo hicieron un llamado de atención público y categórico a los miembros del órgano electoral, a los fines de que el pleno vuelva a imperar la armonía y el comedimiento como garantía del fiel cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Precisaron que el Congreso se mantendrá atento y vigilante ante sus acciones y proceder, y que no escatimará esfuerzos en procura del fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad en la República Dominicana.

En ese sentido, recomendaron al pleno de la Junta Central Electoral acoger las conclusiones del informe de la comisión especial, como conocimiento y respeto a las atribuciones constitucionales de manera de fiscalización.

Destacaron que la documentación completa consta de 4,719 páginas, en las que en 407 se consigna la entrevista a cada uno de los miembros del tribunal electoral.

La comisión de diputados estuvo integrada además por Lupe Núñez, María Mercedes Fernández, Ramón Bueno, Juan Julio Campo, Cristian Paredes, Demóstenes Martínez, Severina Gil y René Polanco.

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