San Juan, Puerto Rico.- El juicio en Puerto Rico contra la dominicana Aida de los Santos, acusada de matar a la esposa de un exjuez del Tribunal Supremo y cuyo caso provoca recelo entre la comunidad de su país, entra en una semana decisiva con la presentación de los últimos testigos por parte de la Fiscalía de la isla.

Se espera que la agente de la Policía Ormarie Roque que investigó el caso declare hoy en un juicio de gran interés mediático entre los dominicanos que viven en Puerto Rico, donde asociaciones de ese país piden a la República Dominicana su intervención en un caso que despierta grandes suspicacias.

El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, dijo hoy a Efe que en este juicio está en juego la credibilidad del sistema judicial puertorriqueño.

Rodríguez ha señalado en varias ocasiones que el sistema trata de proteger al exjuez del Tribunal Supremo de Puerto Rico Carlos Irizarry Yunqué y que se ha tratado de buscar en de los Santos, empleada en el momento de los hechos en el hogar del antiguo magistrado, la víctima perfecta, por tratarse de una mujer negra, pobre e indocumentada.

«La credibilidad del sistema de justicia está en entredicho por proteger a una persona poderosa», aseguró Rodríguez, tras recordar que restos de sangre y ADN del exjuez, que ni siquiera está imputado en el caso, fueron encontrados en dos camisas, toallas y un pañuelo del apartamento, tal y como confirmó la pasada semana una perito especialista en el juicio.

«Sin embargo, lamentablemente, ahí, en el juicio, está Aida de los Santos», indicó Rodríguez, quién subrayó que el exjuez, de 91 años, no ha acudido a declarar ni como testigo.

Recordó además, según su propia versión, que los testigos aportados por la Fiscalía han favorecido con sus versiones a la defensa de la mujer dominicana, hecho que catalogó de insólito.

Rodríguez dijo, incluso, que a de los Santos «la dejaron viva para acusarla», y que todo «responde a un plan perfectamente trazado por alguien con buenos conocimientos de procesos judiciales».

Tras la declaración de la agente Roque, solo quedará por dar su testimonio el patólogo Carlos Chávez, del Instituto de Ciencias Forenses, el último de los testigos de la Fiscalía antes de que el próximo día 17 sea el turno de los de la Defensa.

La Fiscalía alega que la empleada de hogar dominicana, de 58 años, mató a la esposa del juez, Georgina Ortiz Ortiz, de 72 años, el 17 de agosto de 2010.

El agente Ferdinand Acosta relató la semana pasada en su declaración que durante el interrogatorio que realizó a la mujer dominicana, el día del asesinato, ésta relató que alguien llamó a la casa y que Ortiz Ortiz no le permitió que abriera la puerta, por lo que permaneció en su lugar de trabajo habitual, la cocina.

Oyó una discusión, pero que bajó al estacionamiento en busca de unos paquetes que iba a traer el juez y que al no aparecer el letrado, que según la versión policial encontró el cadáver de su esposa horas después, regresó a su casa.

El periódico El Nuevo Día recuerda hoy que la mujer dio a conocer al diario Primera Hora, del mismo grupo editorial, otra versión en una entrevista en la que aseguró que había abandonado la residencia del juez tras ser amenazada con un cuchillo por un hombre enmascarado.

Durante el juicio, otra experta del Instituto de Ciencias Forenses dijo en su declaración que el cuchillo utilizado para asesinar a la esposa del exjuez no contenía material genético de la mujer dominicana.

Informó también que en toallas, camisas y un pañuelo encontrados en la casa la fecha de los hechos, el 17 de agosto de 2010, se detectó sangre del exmagistrado.

Rodríguez ha indicado en varias ocasiones que la Fiscalía acusa sin fundamento a De los Santos para desviar la atención de quien o quienes pueden ser los responsables reales del asesinato de Ortiz Ortiz.

Subraya además que la empleada de hogar ya había vuelto a la República Dominicana cuando fue acusada.

De los Santos regresó a principios del pasado mes de octubre a Puerto Rico, de forma voluntaria, para encarar los cargos de asesinato en primer grado de la esposa del exjuez, destrucción de evidencias y violación de la Ley de Armas.

Fuente: terra.com.co