“Las expulsiones de las víctimas de este caso no son hechos aislados”, dijo Paola García Rey, del equipo de la defensa, ante los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En la presentación hoy de los alegatos finales de la audiencia pública del caso, García Rey sostuvo que, “de acuerdo con la prueba presentada a lo largo de este proceso, entre 1994 y 2000 (…) existía un patrón de expulsiones masivas de personas haitianas o de ascendencia haitiana en República Dominicana”.

Citó la declaración de la coordinadora del Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social, Bridget Gooding, quien ayer estimó que en ese periodo hubo alrededor de “30,000 expulsiones de este tipo al año”.

García Rey recordó que al Estado le corresponde demostrar que los hechos no sucedieron, no a las víctimas.

“El Estado se ha limitado a negar los hechos, sin embargo, no ha presentado ninguna prueba de descargo”, apuntó, y lo justificó en el hecho de que “no existe ningún registro oficial de estos acontecimientos”.

En representación de las víctimas, Francisco Quintana, abogado del Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó que este caso “se refiere a la discriminación racial estructural e institucional que existe en República Dominicana”.

“Esta situación afecta a la población negra y, de manera específica, a los dominicanos y dominicanos de ascendencia haitiana, y a los migrantes haitianos en territorio dominicano”, indicó.

Recordó que de las 27 víctimas implicadas en el caso “Tide Méndez”, 22 de ellas eran dominicanos y las 5 restantes personas nacidas en Haití.

“Es importante señalar que 12 de ellas eran niños y niñas en el momento de la expulsión”, apuntó el activista.

Además, aseguró que “entender la discriminación racial en la República Dominicana es un ejercicio muy complejo” y se apoyó en lo dicho ayer por el perito costarricense Carlos Quesada, quien señaló que ese país “se diferencia de otros de la región por la negativa absoluta de este problema”.

“El Estado forma parte también del problema de la discriminación racial cuando no previene, tolera e incurre en actos de discriminación directa”, agregó Quintana.

Por último, el representante de Cejil reconoció “el derecho que tienen los Estados de regular y controlar el ingreso de personas extranjeras a su territorio”.

Sin embargo, señaló que desde la Opinión Consultiva número 18 de la CorteIDH ha quedado establecido que “las medidas adoptadas con este fin tienen como límite el respeto y garantía de los derechos humanos”.

Fuente Agencia EFE.