Las organizaciones elevaron este lunes un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo en el que establecen los argumentos legales, normativos y económicos que sirven de base para objetar la decisión del Gobierno.

Indica que cualquier decisión debe ser incorporada a la reclasificación de empresas ordenada por la Ley 488-08 sobre el Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

A juicio de COPARDOM y CODOPYME el incremento de salarios mínimos del 20% al no estar acorde a las posibilidades de las empresas micro, pequeñas y medianas se constituiría en un elemento negativo para la generación de empleos formales y la formalización de las unidades productivas.

Lamentaron que “antes de proceder con el incremento, no se diera cumplimiento al numeral séptimo de la Resolución 1/2015, de fecha 20 de mayo de 2015, sobre salario mínimo nacional para los trabajadores del sector privado no sectorizado, que establece los criterios para la clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.