El financiamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 tiene a las telefónicas y al Gobierno enfrentados. Aún no han acudido a la mesa del diálogo y, por el momento, está previsto que el Senado conozca lo antes posible el proyecto de ley que grava las llamadas desde el exterior. La Cámara de Diputados aprobó la pieza 101 votos a favor y 37 en contra.

En respuesta conjunta, Claro, Orange, Tricom, Viva y Wind consideran que al margen de las implicaciones legales relacionadas con acuerdos internacionales de comercio vigentes, la racionalidad y proporcionalidad de la propuesta, habrá un inevitable aumento del costo de las llamadas de larga distancia internacional para los consumidores de República Dominicana.

Las empresas alegan que no compete a ese sector sugerir potenciales fuentes de ingresos para el financiamiento de la operación del sistema 9-1-1. Sin embargo, califican como ilógico que un servicio concebido para servir a toda la población se financie a través de un impuesto a un sector específico. El nuevo impuesto sería de 0.02 dólares por cada llamada internacional de voz y de 0.0025 por cada mensaje internacional de texto.

Sostienen que el sector de las telecomunicaciones genera externalidades positivas, pues es fundamental en el desarrollo y creación de valor de otros sectores de la economía.

“Resulta incoherente la extrema carga impositiva que actualmente tienen los servicios que paga el usuario (30%). Pretender gravarlo o aumentar aún más los costos en cualquier eslabón de su cadena sería un contrasentido, pues desincentivaría y limitaría su desarrollo”, afirman.

Consecuencias

Identifican entre las consecuencias inmediatas, fruto del aumento del costo de las llamadas, una disminución del volumen del tráfico, acelerando la tendencia natural de migración a otras formas de acceso disponibles en el mercado.

Estiman que esto no solo implica menor ingreso para las empresas locales, sino también para el Gobierno, por una disminución del impuesto sobre la renta (ISR) y para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), por una disminución del 2% de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT).

“Esa disminución en el ingreso implicará menores recursos disponibles en las empresas para inversión en el desarrollo del sector, mantenimiento, ampliación y modernización de las plataformas, así como para apoyar proyectos enfocados en el cierre de la brecha digital y ampliación del acceso de todos a los diferentes servicios de telecomunicación”, aseguran.

Otro inconveniente que resulta de esta propuesta, según las telefónicas, es que en la práctica serán las empresas locales las que pagarán ese impuesto al Gobierno, sin importar si han percibido o no lo facturado a los mayoristas internacionales por ese tráfico.

Destacan que el artículo 28 del proyecto de ley atenta contra el derecho a la intimidad y privacidad de las informaciones y datos de los usuarios, pues el Estado pretende tener acceso, monitorear y controlar todas las llamadas de voz y tráfico de datos de cada persona, a través de las redes de las prestadoras locales, sin necesidad de una autorización judicial como requieren las leyes y la Constitución.

Las telefónicas recuerdan que han servido de canal en términos económicos para la puesta en marcha del sistema 9-1-1 a través de la adecuación de sus redes e instalación de los sistemas y programas requeridos para el funcionamiento de la plataforma, lo cual ha conllevado una inversión aproximada a la fecha de RD$260,000,000.

Indican que, adicionalmente, han asumido los costos de las llamadas que genera el sistema cada día y cuyos ingresos anuales de alrededor de RD$20,000,000 son dejados de percibir por las telefónicas.

Defensa

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó este que el gravamen que se aplicará a las telecomunicaciones para financiar el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 lo asumirá el mercado intermediario, y no supondrá coste alguno para usuarios ni operadores dominicanos.

Montalvo explicó que “el 911 ya ha proporcionado un millón de asistencias desde 2014 y, con esta ley, estamos dotándolo de la sostenibilidad financiera necesaria para que preste muchos millones más”.

Esta ley, que ahora debe pasar el trámite en el Senado, deroga la anterior Ley 140-13 y establece una nueva modalidad de financiamiento mediante una tasa que se aplicaría únicamente a las llamadas realizadas al país desde el extranjero.

El funcionario señaló que, por el contrario, el costo lo absorberá el mercado intermediario de las comunicaciones, es decir, el llamado wholesale o mayorista. “Un sector mayorista que obtiene actualmente beneficios de en torno al 500 % y tiene, por tanto, margen para absorber esa tasa”.