El programa incluye mecanismos de colaboración interinstitucional tendentes a mejorar el desempeño y la eficiencia de las actividades relacionadas con el sector combustible y derivados del país, como ampliación de la supervisión en las estaciones, la  promoción de  las buenas prácticas de comercio, priorizando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; la capacitación técnica en materia de combustibles del personal de la institución y de la empleomanía del sector, así como también promover la creación e implementación de incentivos y otros mecanismos voluntarios  que el sector de expendio pueda implementar y que tengan un impacto positivo en la protección de los consumidores.

En ese contexto se están desarrollando operativos de colocación masiva de afiches sobre los derechos que le asisten a los consumidores y usuarios al momento de adquirir combustibles.

Los derechos más destacados corresponden a los que tienen los consumidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como de gasolina o diésel y se colocan  de manera visible en los dispensadores de las diferentes estaciones.

Entre los derechos de los consumidores está el que se le despache el líquido en bombas debidamente calibrado; lo que también verifica la institución de protección a los consumidores en un plan de revisión sistemática de los dispensadores de combustible.

En eses orden, informan al usuario que un dispensador que no esté calibrado, Pro Consumidor le coloca un precinto amarillo y lo cierra hasta que sea corregido a fin de que se despachen la cantidad de galones que corresponda.

Asimismo, que al momento de que despachen el combustible, se debe verificar que  la pantalla esté en cero, que la cantidad solicitada en galones corresponda con el total a pagar, exigir la entrega de un comprobante con datos claros de lo despachado y que no cobren cargos adicionales en caso de pagar con tarjetas de crédito o débito.

Anina Del Castillo, directora de Pro Consumidor llamó a los consumidores que ante cualquier irregularidad o abuso lo denuncien ante la entidad estatal, para así accionar e imponer las medidas de lugar.

Recordó que la Ley 358-05 de Protección al Consumidor da a este organismo la potestad de informar de manera clara respecto a estos temas, con la finalidad de que no se vulneren los derechos de los consumidores.