SANTO DOMINGO.- La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) escuchó hoy los alegatos de apelación de seis de los procesados por el caso de los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht asegura pagó en el país para adjudicarse infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.

Los cinco jueces del tribunal iniciaron así el proceso de apelación de los inculpados, ocho de los cuales guardan prisión preventiva, mientras otros dos fueron enviados a prisión domiciliaria.

La audiencia continúa este viernes con la defensa de los otros cuatro acusados que apelaron las medidas de coerción impuestas en su contra por el juez de la SCJ, Francisco Ortega.

Entre los acusados figuran exministros, legisladores, empresarios y exfuncionarios, todos y cada uno de ellos han negado su participación en la distribución de los sobornos y exigen su libertad provisional o pura y simple, por considerarse inocentes de las acusaciones.

Los abogados defensores de los exministros de Economía Temístocles Montás y de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, defendieron las condiciones de arraigo de estos, por lo que concluyeron en que no representan peligro de fuga ni tener capacidad para entorpecer el proceso.

Exposiciones similares también se escucharon en favor del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor) Andrés Bautista, así como del exdiputado Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano.

El tribunal también escuchó las defensas del expresidente de la Cámara de Diputados y actual legislador Alfredo Pacheco, dirigente del PRM, y la del exfuncionario de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) Máximo De Óleo.

Este viernes la Cámara Penal de la Suprema Corte seguirá la audiencia con los alegatos de los defensores del abogado Conrado Pittaluga, de los exvicepresidentes ejecutivos de la Cdeee Radhamés Segura y César Sánchez, y del empresario Ángel Rondón, a quien el Ministerio Público señala como el receptor y distribuidor de los sobornos.

A Segura le fue impuesto arresto domiciliario por nueve meses, al igual que al exdirector del Instituto de Aguas Potables Roberto Rodríguez, quien no apeló esa medida.

Mientras, al diputado Pacheco y a los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y quienes gozan de inmunidad parlamentaria, se les dictó impedimento de salida y el pago de una multa.

Otro acusado, Bernardo Castellanos de Moya, no se ha presentado a los juicios y es perseguido por la Policía Internacional (Interpol), aunque sus abogados aseguran que regresará al país.

La audiencia se extendió desde la mañana hasta concluir la tarde, mientras varias personas se apostaron a las afueras de la Suprema para mostrar su defensa a Montás y a Bautista.

Además, el colectivo Marcha Verde exigió que tres de los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte, Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto y Juan Hirohito Reyes, «no le pongan un solo dedo» al expediente sobre el caso Odebrecht, por su presenta vinculación al oficialista PLD.

Estos tres jueces, de acuerdo con un comunicado de Marcha Verde, «deben inhibirse o ser retirados del caso para que otros magistrados, no impugnados por los hechos ni por el rumor público, puedan llevar a cabo el proceso e impartir la Justicia que espera la inmensa mayoría del pueblo dominicano»SANTO DOMINGO.- La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) escuchó hoy los alegatos de apelación de seis de los procesados por el caso de los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht asegura pagó en el país para adjudicarse infraestructuras públicas entre 2001 y 2014. Los cinco jueces del tribunal iniciaron así el proceso de apelación de los inculpados, ocho de los cuales guardan prisión preventiva, mientras otros dos fueron enviados a prisión domiciliaria. La audiencia continúa este viernes con la defensa de los otros cuatro acusados que apelaron las medidas de coerción impuestas en su contra por el juez de la SCJ, Francisco Ortega. Entre los acusados figuran exministros, legisladores, empresarios y exfuncionarios, todos y cada uno de ellos han negado su participación en la distribución de los sobornos y exigen su libertad provisional o pura y simple, por considerarse inocentes de las acusaciones. Los abogados defensores de los exministros de Economía Temístocles Montás y de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, defendieron las condiciones de arraigo de estos, por lo que concluyeron en que no representan peligro de fuga ni tener capacidad para entorpecer el proceso. Exposiciones similares también se escucharon en favor del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor) Andrés Bautista, así como del exdiputado Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano. El tribunal también escuchó las defensas del expresidente de la Cámara de Diputados y actual legislador Alfredo Pacheco, dirigente del PRM, y la del exfuncionario de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) Máximo De Óleo. Este viernes la Cámara Penal de la Suprema Corte seguirá la audiencia con los alegatos de los defensores del abogado Conrado Pittaluga, de los exvicepresidentes ejecutivos de la Cdeee Radhamés Segura y César Sánchez, y del empresario Ángel Rondón, a quien el Ministerio Público señala como el receptor y distribuidor de los sobornos. A Segura le fue impuesto arresto domiciliario por nueve meses, al igual que al exdirector del Instituto de Aguas Potables Roberto Rodríguez, quien no apeló esa medida. Mientras, al diputado Pacheco y a los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y quienes gozan de inmunidad parlamentaria, se les dictó impedimento de salida y el pago de una multa. Otro acusado, Bernardo Castellanos de Moya, no se ha presentado a los juicios y es perseguido por la Policía Internacional (Interpol), aunque sus abogados aseguran que regresará al país. La audiencia se extendió desde la mañana hasta concluir la tarde, mientras varias personas se apostaron a las afueras de la Suprema para mostrar su defensa a Montás y a Bautista. Además, el colectivo Marcha Verde exigió que tres de los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte, Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto y Juan Hirohito Reyes, «no le pongan un solo dedo» al expediente sobre el caso Odebrecht, por su presenta vinculación al oficialista PLD. Estos tres jueces, de acuerdo con un comunicado de Marcha Verde, «deben inhibirse o ser retirados del caso para que otros magistrados, no impugnados por los hechos ni por el rumor público, puedan llevar a cabo el proceso e impartir la Justicia que espera la inmensa mayoría del pueblo dominicano»