SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó hoy a penas de entre cinco y seis años de prisión a los cuatro acusados de extorsionar a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), caso que salió a la luz a raíz del suicidio de un trabajador de la entidad.

El tribunal dictó sentencia contra el exdirector del Departamento de Edificaciones Escolares de la Oisoe, Alejandro Isidoro de los Santos, y contra el excoordinador de la Dirección Técnica de la entidad, Joel Soriano Fabián, quienes fueron condenados a seis y cinco años de prisión, respectivamente.

Además condenó a cinco años de reclusión a Ernesto Romero y al abogado Julio Rafael Pérez Alejo, quien figura en la investigación como «El hombre del maletín» o «El hombre de los anillos» y que, aunque no trabajaba para esa entidad, tenía a su cargo la entrega del dinero prestado a contratistas para el avance de la construcción de las obras.

La condena fue impuesta por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley relativa al Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura, la Agrimensura y Profesiones Afines.

Se recuerda que, víctima de esta red, el arquitecto David Rodríguez García, se suicidó en septiembre de 2015 de un disparo en un baño la Oisoe, donde dejó una nota en la que acusaba de extorsión a varias personas de la entidad, hecho que llevó a la detección de diversas irregularidades.

A raíz del suceso, el Ministerio Público desarrolló un proceso de investigación que ha dado como resultado la obtención de estas sentencias condenatorias, que se suman a otras decisiones favorables logradas recientemente como parte del combate contra la corrupción administrativa en el país.

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que con esta sentencia se sigue avanzando en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, estableciendo un régimen de consecuencias contra el enriquecimiento ilícito.

Rodríguez destacó el trabajo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y su titular, Laura Guerrero Pelletier, para demostrar los hechos imputados a este grupo, que fue acusado de incurrir en extorsión, asociación de malhechores y delitos de asuntos incompatibles con la calidad de funcionario.