SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República informó ayer viernes que ha apelado la decisión del juez Francisco Ortega Polanco, de otorgar libertad condicional al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón, implicados en la red de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló que pagó en el país.

La institución expresó, en un comunicado, que la variación de las medidas de coerción a esos imputados carece de fundamento, porque no han cambiado las condiciones que en junio pasado determinaran que el juez de la Suprema Corte de Justicia, Ortega Polanco, dictara prisión preventiva contra los acusados.

El Ministerio Público llamó a la ciudadanía a permanecer «atenta y vigilante» de los jueces que conocerán esta apelación, destacando que luchar contra la corrupción y la impunidad es una tarea que debe involucrar la participación de toda la sociedad.

La Procuraduría consideró que a pesar de la variación en las medidas de coerción, tanto a Díaz Rúa y Rondón Rijo, como a otros de los 14 implicados hasta el momento, el caso Odebrecht continúa abierto, por lo que todos los responsables deberán responder en los tribunales por los delitos que se les señalan.

Asimismo, defendió la «ardua y fructífera» labor que, a su juicio, ha realizado el equipo de fiscales de carrera a cargo de la investigación, calificando además de «extemporáneo o interesado» decir que el expediente construido hasta ahora es débil.

En ese sentido, aseguró que con los datos y evidencias recabados en el país por esos fiscales, junto a los testimonios, archivos, documentos bancarios, contratos, correos electrónicos y cientos de informaciones suministradas por Odebrecht, a la fecha, el Ministerio Público puede garantizar que tiene en sus manos un caso fuerte.

Adelantó, además, que su equipo de fiscales continúa recolectando más elementos probatorios, para dentro del plazo de 8 meses concedido en junio pasado por el juez Ortega, presentar una acusación que asegure sanciones ejemplares para todos los involucrados en el entramado ilícito orquestado en el país, bajo auspicio de la multinacional brasileña.

El empresario Rondón, de acuerdo al expediente, fue quien recibió y distribuyó entre políticos y legisladores los 92 millones de dólares que Odebrecht reveló pagó en el país entre 2001 y 2014 para agenciarse la adjudicación de contratas gubernamentales.

Rondón y Díaz Rúa, habían sido enviados a prisión preventiva por un año y 9 meses respectivamente, por el propio juez Ortega Polanco.

En el caso también están involucrados los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado opositor Alfredo Pacheco.

Asimismo, el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista García.